El Tribunal Supremo ha aclarado en qué circunstancias una empresa puede obligar a sus empleados a someterse al reconocimiento médico. Un trámite que, tal y como consagra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en virtud del derecho a la intimidad de los empleados, requiere su previo consentimiento.

Sin embargo, según subraya una reciente sentencia, la intimidad del trabajador cede en algunos casos a un «interés preponderante», como es la integridad física o la salud del otros empleados o de terceras personas.

En el litigio se estudia la demanda planteada por los sindicatos contra la obligación de someterse a un reconocimiento periódico impuesta por una empresa de seguridad a sus vigilantes.

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La Audiencia Nacional establece que no es correcto abonar el salario a los trabajadores dividiendo el salario anual entre 12, de manera que perciban durante todos los meses del año la misma cantidad al dividirlo entre 360 días, 30 por mes. En sentencia de 19 de febrero de 2018, la magistrada Ruiz-Jarabo Quemada, ponente del fallo, expresa que la retribución mensual que se debe abonar a los empleados debe variar según los meses tengan o no 31 días.

De esta forma, la Justicia considera que, aunque no existe impacto sobre los trabajadores que desarrollan su actividad durante un mes completo, sí que lo tiene en casos de nuevas incorporaciones, en los trabajadores que han estado en situación de incapacidad temporal, excedencia o en los casos en que se produce una ampliación o reducción de jornada a lo largo de un mes.

Así, lo procedente, según la Audiencia, para el cálculo del salario en ese mes, será dividir el salario anual entre 12 y la cantidad resultante dividirla entre 31 días, cantidad que se deberá multiplicar por el número de días trabajados.

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El docente alegaba una situación «accidental» en un contexto de «bromas pesadas» por parte de los estudiantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por un profesor, contra una sentencia previa que desechaba ya su impugnación frente al despido al que fue sometido en el colegio privado de Umbrete (Sevilla) en el que trabajaba, por propinar «una patada en la espinilla» a un alumno.

En una sentencia emitida el pasado 14 de diciembre de 2017, el tribunal andaluz analiza el litigio promovido por un profesor despedido en 2014 por el colegio privado Marcelo Spínola, ubicado en Umbrete, explica Europa Press.

En el marco de dicho litigio, el juzgado de lo social número nueve de Sevilla desestimaba ya en 2016 la demanda inicial de este profesor contra dicho despido, avalando así la decisión adoptada por el centro educativo.

Según la sentencia inicial del juzgado, el 29 de mayo de 2014, este profesor «se encontraba en la puerta del vestuario del colegio tras haber impartido la clase de educación física a un curso de segundo de ESO, cuando un alumno suyo fue a ponerle la mano en el hombro y, tras advertirle de que no lo hiciera, el menor reiteró el gesto, propinándole en respuesta (el docente) una patada en la espinilla y ocasionándole una herida apreciable».

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La cifra de falsos autónomos se mantiene al mismo nivel que los años previos a crear la tarifa plana. Un estudio elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) refleja que la tarifa plana no genera falsos autónomos.

El informe de ATA se remonta al año 2009, donde de los 3.157.046 autónomos afiliados a la Seguridad Social, el 4,8% trabajaban únicamente para una sola empresa. A estos empleados, el Instituto Nacional de Estadística los denomina autónomos independientes.

No fue hasta el año 2013 cuando entró en vigor la tarifa plana para los nuevos trabajadores autónomos. En esta fecha, el 5,6% de estos empleados trabajaban para una sola empresa, mientras que la cifra a fecha de 31 de diciembre de 2017 demuestra que un 5,8% de los trabajadores por cuenta propia lo hacen solo para una empresa.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los agentes comerciales pueden ser indemnizados por terminación de un contrato aunque dicho fin se produzca durante el periodo de prueba. En la sentencia por la que resuelve el asunto C-645/16, el TJUE considera queestablecer un periodo de prueba dentro del contrato entra dentro de la libertad contractual de las partes, por lo que puede aplicarse la Directiva europea que regula la indemnización o reparación del prejuicio por finalización de contrato de los agentes comerciales.

El caso se remonta a 2011, momento en el que la sociedad DTT celebró con la sociedad CMR un contrato de agencia comercial según el cual CMR debía vender veinticinco viviendas unifamiliares al año por cuenta de DTT. Este contrato establecía un período de prueba de doce meses y cada una de las partes podía resolver el contrato durante este período respetando un plazo de preaviso. Aproximadamente seis meses después de la celebración de dicho contrato, DTT lo resolvió por el motivo de que CMR solo había realizado una venta en cinco meses y de que, por tanto, no se había cumplido el objetivo establecido en el contrato.

CMR pretendía obtener de DTT una indemnización compensatoria en reparación del perjuicio resultante de la terminación del contrato de agencia comercial. Según la Directiva 86/653/CEE , tras la terminación del contrato, el agente comercial tiene derecho a una indemnización o a la reparación del perjuicio que le ocasione la terminación de sus relaciones con el empresario cuando esta terminación:

1) Prive a este agente (en este caso, CMR) de las comisiones de las que hubiera podido beneficiarse con una ejecución normal del contrato a la vez que le hubiese facilitado al empresario (en este caso, DTT) unos [...]