El calendario avanza y se acerca el final de plazo para presentar la declaración de la Renta, por los que a los más rezagados les ha llegado la hora de ponerse manos a la obra sin más dilación. El calendario marcado por Hacienda establece un plazo máximo de presentación hasta el 2 de julio de 2018, pero eso sólo para las declaraciones en las que el contribuyente tiene derecho a devolución. Para aquellos que tienen que pagar y optan por hacerlo con domiciliación en cuenta, la fecha límite se adelanta al 27 junio.

Por ello, o se tiene muy claro el resultado o no conviene apurar demasiado. En cualquier caso todavía hay tiempo. Incluso si el contribuyente quiere solicitar la ayuda de los servicios de Hacienda para la cumplimentación de su declaración, puede hacerlo solicitando la cita previa. Hasta el 29 de junio es posible hacerlo a través de Internet en RentaWeb, vía móvil descargándose la nueva aplicación para hacer la declaración inaugurada este año y también a través del tradicional servicio telefónico en los siguientes números 901 22 33 44 o 91 553 00 71.

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No es idóneo comprobar el valor real de inmuebles e efectos tributarios multiplicando el valor catastral por coeficientes, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece doctrina, en sentencia de 23 de mayo de 2018, frente al método de comprobación del valor real de inmuebles para calcular el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

La Sala fija esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde se examinan los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes, para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se adjudicara dichos inmuebles que formaban parte de las promociones de ‘El Pocero’.

Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto.

El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica.

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Máxim Huerta ha logrado el título de ser el ministro más efímero de la democracia española por el uso fraudulento de una herramienta legal, pero que fue concebida para otros fines a los usados por él.

Las sociedades unipersonales no siempre se utilizan como una figura interpuesta para desviar el pago impuestos, son una herramienta con un objetivo que puede ser muy útil para los pequeños empresarios siempre que se utilicen correctamente y no haya ánimo defraudatorio.

La Ley de Sociedades de Capital contempla la modalidad de las sociedades unipersonales. “Uno de los motivos por los que un trabajador por cuenta propia puede optar por constituir una sociedad es para limitar la responsabilidad patrimonial de su actividad laboral”, explica Alfonso García Moncó, catedrático de la Universidad de Alcalá, experto en fiscalidad.

Limitar la responsabilidad patrimonial

Cuando un trabajador ejerce su actividad como autónomo cualquier conflicto económico que se le presente está respaldado con todo su patrimonio personal desde su casa, hasta su coche e incluso parte de una herencia que pueda estar a su nombre. En el caso de Huerta, un importante riesgo al que podría enfrentarse como tertuliano, periodista o escritor era alguna demanda civil por comentarios suyos.

Las situaciones son más conflictivas para otro tipo de profesionales, desde arquitectos hasta abogados sin olvidar profesiones como mecánico o incluso peluquería. Para cubrir este tipo de eventualidades está la sociedad unipersonal.

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El 1 de marzo de este mismo año, 2018, entró en vigor la nueva Ley de Contratación Pública. Con vocación de transparencia y apostando por la simplificación en los procesos, aboga por el uso de los medios electrónicos como herramienta principal.

Esa misma Ley obligará al subcontratista, desde el próximo día 1 de julio, a emitir factura electrónica en su relación con un contratista principal, siempre que ésta supere los 5.000 euros y el destinatario final sea la Administración Pública.

Es decir, si un contratista X ha obtenido un contrato para servir bienes o servicios a una Administración, y éste, a su vez, te llama a ti, autónomo o pyme, para cubrir con tu actividad parte de ese contrato, te conviertes en subcontratista y estarás sujeto por esta nueva obligación.
Registro Electrónico Único para la factura electrónica obligatoria
A partir del mes que viene los autónomos y pymes que actuéis como subcontratistas, y siempre que el destinatario final sea la Administración Pública, tendréis la obligación de presentar en formato factura.e los servicios prestados o bienes entregados al contratista principal.

El subcontratista hará llegar el documento justificativo al contratista a través de un Registro, creado a tal efecto, y el contratista hará lo mismo para su remisión al órgano administrativo al que corresponda la tramitación de la factura.e.

Y es que, antes del 30 de junio de 2018 el Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico Único para volcar la información.

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Iniciar una actividad por cuenta propia no siempre implica tener que emitir facturas por tus productos o servicios. En este artículo vamos a contarte cuáles son esas excepciones:

Cabe señalar que si bien hay situaciones en las que emitir facturas no es obligatorio, siempre es recomendable hacerlo, pues es la mejor herramienta para llevar un control exhaustivo y justificar una transacción o la prestación de un servicio ante cualquier problema jurídico.

Operaciones exentas de IVA

Se corresponden con las reguladas en el artículo 20 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre y entre ellas se encuentran las de prestación de servicios gratuitos como muestras sin valor comercial estimable, servicios de demostración, entregas de bienes realizados de forma directa por las Administraciones Públicas en las que no medie contraprestación o concesiones y autorizaciones de carácter administrativo, entre otros.

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