El Estado ha recaudado 30.927 millones de euros en julio de 2018, un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que arroja unos ingresos acumulados de 117.694 millones de euros en el año, un alza del 4,5%. Un aumento que se ha visto especialmente motivado por el mayor volumen de declaraciones de la renta con resultado a pagar a Hacienda, que aportan unos recursos que compensan con creces el estancamiento en el ritmo de cobro del impuesto de sociedades y el efecto negativo del nuevo sistema automatizado del IVA.

“Hasta julio la principal fuente de crecimiento de los ingresos tributarios fue el IRPF”, detalla la Agencia Tributaria en el informe de recaudación publicado este miércoles. De un lado, destaca el organismo, el incremento refleja un “aumento del empleo y la recuperación del salario medio”, lo que eleva el tipo medio efectivo de retención.

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La subida del Impuesto de la Renta de la Personas Físicas (IRPF) que el Gobierno va a analizar junto a Unidos Podemos para lograr el apoyo de este grupo a sus cuentas públicas se concentra en un colectivo muy concreto de la sociedad, el de los contribuyentes que reciben más de 150.000 euros de renta anual. Dentro de este grupo, sin embargo, el impacto no será homogéneo, si no que tendrá efectos dispares en función de la comunidad  autónoma en la que resida cada contribuyente.
Esto es así porque la medida que estudia Hacienda supone elevar el tipo estatal actual, situado en el 22,5% para rentas de más de 60.000 euros, hasta el 26,5% a partir de los 150.000 euros, pero a esta cifra hay que sumarle un tipo autonómico que varía en función de la política fiscal de cada territorio. Una vez sumados, el tipo final medio subiría hasta el 50,5% frente al 46,5% actual.

Sin embargo, el impacto final sería más elevado para los residentes en Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad  Valenciana o La Rioja, donde la reforma elevaría el tipo al 52%, dado que estas comunidades aplican un tipo autonómico del 25,5%, superior al del resto de territorios.

Por contra, Madrid sería la región que seguiría manteniendo el tipo máximo del IRPF más bajo del país. Al partir de un tipo autonómico del 21%, las rentas altas de la comunidad solo verían subir el tipo del 43,5% al 47,5%.

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La plena relación del ciudadano y las emprsas con la Administración a través de medios electrónicos tendrá que esperar al menos dos años más. El Gobierno ha prorrogado hasta el 2 de octubre de 2020 la obligación de que cualquier entidad pública responda a través de vías telemáticas a quien así decida comunicarse con ella.

La fórmula elegida para introducir un aplazamiento también ha llamado la atención. A falta de menos de un mes para que concluyera el plazo (en octubre de este año), se ha incluido, a través del Real Decreto-ley 11/2018 (aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, pero no publicado hasta hoy en el Boletín Oficial del Estado), una disposición final en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Dicho precepto determina que»las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020″.

La referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes 31 de agosto ya advertía que, «en el plazo actual de entrada en vigor», los sistemas tecnológicos de la Administración «no estarán adaptados a estas exigencias». Idea que confirma el preámbulo del Real Decreto-ley al subrayar que el plazo dado inicialmente (hasta este octubre) «se ha revelado insuficiente» para tener diseñados los procedimientos jurídicos y tecnológicos que se requieren para llevar a cabo una plena relación electrónica de la Administración con ciudadanos y empresas.

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El fuerte incremento de los precios de la vivienda de obra nueva en ciudades como Madrid y Barcelona, ligado al mismo tiempo a su escasez, está impulsando la compra de viviendas de segunda mano. Una vez hecha la adquisición no son pocos los propietarios que optan por realizar una reforma antes de entrar a vivir. Un colectivo al que se suma además el de aquellos que deciden que ha llegado el momento de una renovación parcial o total de su hogar, más cuando en España más de la mitad del parque de vivienda supera los 40 años y este envejece a un ritmo anual del 2%.

Según cálculos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) la factura total de las reformas de casas en España asciende a 21.192 millones de euros cada año. Una cuantía que podría reducirse en casi 2.000 millones de euros al año si se aplicara correctamente el IVA, sostienen.

Las obras de renovación y reparación de viviendas tributan al tipo reducido del 10% cuando la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución, o en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40% de la base imponible de la operación, según explica la Agencia Tributaria. Es decir, si el propietario de una vivienda quiere cambiar el suelo de la misma y tiene un presupuesto total de 10.000 euros, de los que 3.000 euros corresponden a los materiales aportados por quien realiza la obra, toda la obra tributará al tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido. Si los importes son 10.000 y 5.000 euros, respectivamente, el IVA que corresponde en este caso ya será el general del 21%.

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Hace apenas un año, las compañías españolas esperaban hasta finales de mes, o incluso del trimestre en función de su tamaño, para informar a Hacienda de las facturas que emitían o recibían. Es decir, que la Agencia Tributaria podía tardar de 30 a 90 días en conocer la facturación realizada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Un plazo que, en solo 12 meses, ha descendido al entorno de solo tres días.

Semejante revolución se debe a la entrada en vigor, el 1 de julio de 2017, del Suministro Inmediato de Información (SII), el nuevo modelo de intercambio de información en tiempo real del IVA por medios electrónicos. En el aniversario de este cambio, tanto Hacienda como los asesores fiscales y las empresas a las que asisten coinciden en señalar que la implantación de la medida ha sido un “éxito”, pese a que el proceso no ha estado exento de dificultades.

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