Las escrituras de compra y venta del inmueble sirven como prueba para demostrar ante Hacienda que su valor disminuyó y no hay que pagar plusvalía. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en una reciente sentencia (CONSULTA AQUÍ LA RESOLUCIÓN) que supone un nuevo varapalo para los intereses de las arcas municipales. En ella admite el recurso de una compañía, anulando la liquidación del impuesto que le había girado el Ayuntamiento de Zaragoza, pese a que, según demostraba el contribuyente, había perdido dinero con la transmisión. Además, esta sentencia otorga el mismo valor probatorio a las escrituras presentadas por el contribuyente que al informe municipal sobre el aumento del valor catastral.

Como apunta Leopoldo Gandarias, abogado especializado en fiscal del despacho Alliantia, el Supremo (en sentencia de 9 de julio de 2018) ya dejó claro que las escrituras constituyen un principio de prueba para acreditar la pérdida del valor de un terreno. Y, posteriormente, en sentencia de 17 de julio abundó en la materia afirmando que «los valores consignados en las escrituras, expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que, sin poseer un valor absoluto, bastaría, en general, como fuente de acreditación del hecho justificador de la inaplicabilidad del IIVTNU (impuesto sobre el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana), desplazando al Ayuntamiento la carga de acreditar que los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad». Parece, afirma Gandarias, «que esta STSJ de Aragón sigue esa misma línea, ciertamente garantista, y con la que no cabe sino estar de acuerdo».

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Miles de madres esperan aún que Hacienda publique el formulario que servirá de modelo para reclamar el IRPF por la prestación de maternidad de los ejercicios que se remontan hasta 2014, después de que en octubre una sentencia del Supremo dictara que están exentas del pago, algo que se hacía hasta el momento.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el proceso de reclamación será “con un formato fácilmente accesible”, que evitará desplazamientos “innecesarios ni molestias añadidas” a las madres, pero no ha puesto fechas, diciendo que será “en las próximas semanas”. Asimismo, ha informado que se hará “con datos que ya contempla y contiene la propia Agencia Tributaria”.

El Gobierno calculó esta semana que la devolución del IRPF le supondrá un impacto de hasta 1.200 millones de euros, siempre en función del número de madres que reclamen la cantidad. De momento, la Agencia Tributaria aún se encuentra realizando “trabajos técnicos”

En este sentido, desde el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, calculan que solo el 17,1% de las madres y padres afectados entre 2014 y 2017 por la exención del IRPF en las prestaciones por maternidad y paternidad obtendrá la devolución de las detenciones.

Es decir, unas 200.000 personas que tendrían un impacto mucho menor que el calculado por el Gobierno: en torno a 266 millones de euros. Una cifra que sigue siendo mayor a la estimada por UGT, de 53 millones.

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Por la representación sindical se presenta demanda de conflicto colectivo que afecta a los trabajadores de dos empresas (EDS y GPA) que en 2009 fueron adquiridas a nivel mundial por otra, siendo los trabajadores integrados en diferentes empresas del mismo grupo. Con motivo de la adquisición de estas empresas, se suscribió un acuerdo entre EDS y la representación social garantizando a los trabajadores afectados por la sucesión de empresa el respeto de las condiciones individuales y colectivas a título individual o ad personam.

En dicho acuerdo se establece que «el empleado mantendrá ad personam tickets de comida con los siguientes importes: 6€ al año, 5 días a la semana, 11 meses al año, con incremento de 1€ por día y año hasta el límite fiscalmente exento». En virtud de este acuerdo, las empresas actualizaron anualmente los importes hasta alcanzar los 9€ diarios, máximo legal permitido como exento a efectos de IRPF. En 2018, el límite fiscalmente exento se elevó a 11€/día, pero las empresas no incrementaron el importe del ticket comida al entender que el límite que se había de tener en cuenta era el vigente en la fecha de suscripción del acuerdo en 2009, esto es, 9 €/día.

La representación sindical solicita que se declare la obligación de las empresas demandadas de abonar al personal que proviene de EDS como ayuda de comida, la cantidad de 10 € por día efectivamente trabajado desde el 1-1-2018 y de 11€ por día efectivamente trabajado desde el 1-1-2019.

La AN, en su sentencia de 4 de julio de 2018, examina la correcta interpretación de la cláusula teniendo en cuenta las reglas de interpretación de los contratos. La interpretación literal de la cláusula resulta determinante pues en ningún caso limita el importe [...]

Una de las principales novedades que incluye el plan presupuestario que el Gobierno ha elaborado, en colaboración con Unidos Podemos, es la creación de una tasa sobre la actividad de las grandes compañías tecnológicas.

El llamado impuesto sobre los Servicios Digitales gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos de usuarios de empresas que facturen más de 750 millones en el mundo y tres millones en España.

La medida, que la ministra de Hacienda María Jesús Montero, considera clave para implantar en España “una fiscalidad del siglo XXI”, recaudará unos 1.200 millones de euros el próximo año, según las previsiones del Ejecutivo.

Hasta la fecha se conocían pocos detalles más de la medida, si bien el plan económico remitido el lunes a Bruselas por parte del Gobierno ofrece algo más de luz sobre el tributo y su funcionamiento.

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A partir del 1 de enero de 2019 los autónomos que tributan por el sistema de módulos tendrán un límite de facturación anual de 150.000 euros, es decir, 100.000 euros menos que el actual.

Actualmente el Régimen Especial Simplificado, o también conocido como sistema de módulos, permite a los autónomos con facturación inferior a los 250.000 euros anuales gestionar su IVA bajo esta modalidad. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha aprobado el nuevo límite y está previsto que entre en vigor el nuevo año.

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