Entre otras cuestiones, esta norma habilita que los empleados públicos integrados en el mutualismo administrativo y a los profesionales dados de alta en una mutualidad de previsión social alternativa a la Seguridad Social puedan solicitar la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad.

El pasado 3 de octubre una sentencia del Tribunal Supremo declaró exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda interpretó que estas exenciones debían ampliarse también a las ayudas por paternidad y puso en marcha un sistema de devolución a través de la Agencia Tributaria de los años no prescritos.

Sin embargo, algunos colectivos no están amparados ni por dicha sentencia ni por la regulación actual del IRPF. Ello genera una situación de discriminación difícilmente justificable. En concreto, se encuentran en esta circunstancia una parte de los empleados públicos, en concreto los integrados en el mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS, fundamentalmente) cuya prestación de maternidad o paternidad consiste en percibir sus retribuciones durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad.

La discriminación también afecta a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que perciben tales prestaciones de mutualidades de previsión social.

En consecuencia, la nueva redacción que se introduce en la Ley del Impuesto, además de declarar expresamente exentas las prestaciones por maternidad o paternidad satisfechas por la Seguridad Social, extiende la exención a las prestaciones percibidas por los otros colectivos señalados, hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce por tal concepto.

Esta exención se extiende a los ejercicios anteriores no prescritos, por lo que el colectivo indicado que hubiera tributado en el IRPF en [...]

El pasado día 31 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la transposición al ordenamiento tributario español de la Directiva UE 2016/1065 del Consejo, de 27 de junio de 2016 mediante la aprobación de la directora General de Tributos de la Resolución de 28 de diciembre de 2018, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dicha Directiva era de obligatoria aplicación para los países miembros a partir del día 1 de enero de 2019, por lo que bien podemos decir que su aprobación se ha hecho casi entrando en el tiempo de descuento, con los cuartos de las campanadas de fin de año sonando y con las uvas preparadas.

Sorprende que una trasposición de Directiva Comunitaria se implemente a través del rango normativo de ‘Resolución’ que se otorga al texto aprobado, y que podría verse sometido a posibles impugnaciones en atención a la falta de facultad normativa de la Dirección General de Tributos. No olvidemos que la DGT interpreta o aclara las normas (y a menudo cambio de opinión) pero no las dicta, ya que para eso está el Poder Legislativo, pero no siendo gran experto en el tema, mejor dejo ahí el tema y si alguien lo considera adecuado, que pida el VAR y revisamos la jugada.

Entrando en materia, parece que finalmente se ha regulado en España el tratamiento fiscal en el IVA de los bonos y vales canjeables por productos o por servicios. Es cierto que la Dirección General de Tributos ya marcó, en líneas generales, su tributación en el IVA gracias a varias Consultas Vinculantes que tuvieron su gran exponente en la Consulta Vinculante V4588/16. ¿Sin embargo, era necesario esperar a 31 de [...]

El Ministerio de Hacienda no tiene previsto modificar la actual regulación de la declaración de bienes en el extranjero (el llamado Modelo 720), a la espera de lo que decidan los tribunales, pendientes en estos momentos de la resolución del primer caso de un sancionado por declaración extemporánea, y a pesar de que la Unión Europea declaró ilegal este mecanismo, como ayer adelantó elEconomista. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales», señaló a elEconomista.

Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales», señaló a elEconomista.

La ministra se refería al dictamen motivado, fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, que su Ministerio ha mantenido en secreto, como lo hiciese bajo la titularidad de Cristóbal Montoro, hasta que se ha visto obligado a facilitárselo a los asesores fiscales de un contribuyente que fue sancionado por declarar extemporáneamente, obligado a ello, por requerimiento de la Audiencia Nacional, de 25 de octubre de 2018.

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El Gobierno ha publicado en el BOE los cambios legales anunciados el pasado viernes sobre el mercado del alquiler. El más destacable es el aumento de la duración de los contratos, que pasa de un mínimo de tres años a cinco. Aunque dicha duración se puede pactar libremente, se prorroga automáticamente, a voluntado del inquilino, en plazos de un año hasta llegar al límite de cinco, que será de siete en caso de que el casero sea una sociedad.

Los contratos que se firmen mañana ya estarán sometidos a este nuevo plazo, puesto que es cuando la norma entra en vigor, según establece el BOE. El texto legal especifica también que los contratos anteriores a la entrada en vigor de la norma estarán sujetos al régimen jurídico previo, es decir, seguirán con contratos de tres años.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes el lanzamiento de un formulario «ágil» que permita a los beneficiaros de la prestación de maternidad y paternidad de los últimos cuatro años solicitar la devolución del IRPF que se les cobró indebidamente por estas ayudas.
El mecanismo estará disponible desde esta tarde en la página web de la Agencia Tributaria y Hacienda estima que devolverá un total de 1.200 millones de euros de hasta abril, a razón de 1.600 euros de media a las mujeres y 383 euros a los hombres, por el menor tiempo que cobran estos la prestación.

El plan de Hacienda responde a la sentencia el Tribunal Supremo de inicios de octubre en la que estableció que la prestación por maternidad debe estar exenta de tributar por IRPF.

Aunque inicialmente la Agencia Tributaria pareció quedar a la espera de otra sentencia aclaratoria específica del caso de la prestación por paternidad, la ministra de Hacienda adelantó la pasada semana que Hacienda también devolverá a sus beneficiarios lo que se les cargó en la renta por su permiso retribuido, que actualmente dura ya cinco semanas y está previsto que se vaya alargando hasta equipararse a las 16 semanas de maternidad.

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