Una comunidad de bienes (CB), integrada por una persona física que ostenta la mayoría de la participación (99%), y una persona jurídica, desarrolla la actividad económica de promoción de inmuebles. En esta actividad solicita y obtiene la devolución del impuesto soportado por sus adquisiciones.

Como consecuencia de su disolución y sin que se repercuta el impuesto, se adjudica a los comuneros sus cuotas de participación sobre los bienes. La Administración gira una liquidación a la CB en la que reclama el impuesto devuelto y le impone una sanción al considerar que aquella adjudicación es una entrega de bienes sujeta al IVA.

No conforme, el interesado recurre obteniendo amparo en vía contenciosa. La AN entiende, con base a la jurisprudencia  emitida por el TS, que la adjudicación a los comuneros de bienes en la liquidación de una comunidad que venía actuando como sujeto pasivo del IVA no está sujeta a dicho tributo. Fundamenta su decisión en la idea de que en tal situación, no se produce una entrega de bienes, sino la concreción sobre unos determinados bienes de lo que los comuneros ya disponían con anterioridad (TS 23-5-98, Rec 2327/1997; 28-10-09, Rec 6919/03).

La Administración General del Estado recurre en casación. El TS en sentencia de 7 de marzo de 2018 entiende que:

1. Están sujetas al impuesto las «entregas de bienes» realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal. Son sujetos pasivos del IVA, entre otros, a las CB cuando realicen operaciones sujetas al IVA (Dir 2006/112/CE art.2.1.a y 84.Tres).

Se entiende por «entrega de bienes», la transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuida al propietario (Dir 2006/112/CE art.14.1). Es por tanto, un concepto autónomo del Derecho comunitario, que debe recibir una interpretación uniforme en toda la Unión, sin que pueda definirse atendiendo a los diversos Derechos civiles domésticos de [...]

La tributación por módulos está en el punto de mira desde la reforma fiscal de 2015 cuando se estableció un sistema transitorio para reducir los límites de facturación y volumen de ingresos; los cambios incluidos en el sistema han sido pospuestos por el Gobierno hasta en dos ocasiones, la última, mediante Real Decreto, en diciembre de 2017. Pero de cara el año que viene el panorama cambia.

Límite a 150.000 euros en la tributación por módulos

Esta vez parece que sí, si el Gobierno no dice lo contrario en los coletazos de 2018, el límite para tributar por el Régimen de Estimación Objetiva el año que viene baja de los 250.000 euros actuales por volumen de ingresos a 150.000 y de los 125.000 euros vigentes en concepto de facturación a los 75.000 en el ejercicio del año inmediatamente anterior.

El cambio ya se anuncia en la página web de Hacienda e incluye fecha de aplicación. A partir del 1 de enero de 2019 muchos autónomos podrían pasar de tributar por el Régimen de Estimación Objetiva a hacerlo por el de Estimación Directa.

Tributación por módulos, un sistema fraudulento

El Régimen de módulos, mucho más sencillo que el resto de Regímenes, está señalado como fuente de fraude desde antes de la última gran reforma fiscal de 2015 que estableció la reducción paulatina de los límites de facturación y volumen de ingresos para tributar por módulos; una reducción que, según anuncia Hacienda, se hará efectiva en 2019.

Leer la noticia completa – click aquí 

Si el Real Madrid decide pagar un euro adicional de salario a Cristiano Ronaldo y a un jardinero del Bernabéu que gana 17.000 euros brutos al año, ¿quién tributará más por ese euro, el futbolista o el trabajador raso? Aunque parezca extraño, el operario verá cómo una mayor parte de su euro adicional se queda en manos del Estado. Con la nueva estructura del IRPF pactada entre Hacienda y Ciudadanos, el jardinero pagará un 62,5% en impuestos por ese euro frente al 45% de Cristiano Ronaldo.

Este ejemplo –para el que no se han tenido en cuenta las ligeras variaciones que pueden introducir las distintas tarifas autonómicas del IRPF– refleja cuánto se paga en impuestos cuando se incrementa en una unidad la renta bruta. Los cálculos realizados por Cinco Días, y cotejados por expertos tributarios, revelan que la rebaja del IRPF incluida en los Presupuestos se ha realizado de tal forma que un empleado que cobra menos que el salario medio puede sufrir un tipo marginal efectivo superior al de un millonario. Se trata de una anomalía en el diseño del IRPF, que ya existía, pero con el cambio fiscal se intensificará.

Leer la noticia completa – click aquí 

Los tribunales contencioso administrativos dan la razón total o parcialmente en 73,59% de los casos frente al contribuyente, a quien únicamente las sentencias dan la razón en el 26,41% de los casos, según ha informado Santiago Menéndez. Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Así lo ha anunciado en el transcurso de su intervención en una jornada sobre los aspectos controvertidos en el seno de actuaciones inspectoras y procedimientos sancionadores, organizada por Deloitte.

Las sentencias desestimadas totalmente para los contribuyentes desestimadas en 2015 fueron del 57,7% con un incremento hasta el 66,58% en 2017. Además, señaló Menéndez que en el caso de los fallos sobre delito fiscal, en 2017 fueron favorables a la Agencia Tributaria 376, lo que supuso un 75% de los realizados, mientas que este índice fue del 57.75% en 2015.

A este respecto, el director de la Agencia Tributaria ha señalado que «en la Agencia Tributaria lo que nos gustaría es no tener que denunciar a nadie por delito fiscal, sino establecer protocolos por escrito que se cumplan». Y ha añadido a este respecto, que estamos muy interesados en la relación cooperativa, que evitará la conflictividad. Desde la Agencia Tributaria se están estableciendo nuevas formas que faciliten la relación Administración y contribuyente».

Leer la noticia completa – click aquí

Cualquier persona que vaya a realizar una actividad profesional o empresarial deberá darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Esto incluye a aquellos que se dediquen a la producción o distribución de bienes o servicios, comercio, actividades de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas. Antes de iniciar la operación, es preciso solicitar la inscripción en el censo, tal y como dicta la Agencia Tributaria en todos los siguientes casos:

Personas o entidades que vayan a realizar una actividad profesional o empresarial. Es decir, autónomos y empresarios.
Las sociedades mercantiles.
Los socios, herederos, comunero o integrante de entidades en régimen de atribución de rentas, cuando se desarrollen actividades profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición de miembros de dichas entidades.
Aquellos que realicen adquisiciones de bienes intracomunitarias, que estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y no actúen como empresarios o profesionales.
Los que abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
Personas o empresas no residentes en España, pero que actúen dentro del territorio a través de un establecimiento permanente o realicen la retención o el ingreso a cuenta en nuestro país. Incluso aquellas en las que la atribución de rentas se realiza en el extranjero, pero tienen presencia en territorio español.
Entidades o empresas que no están establecidas dentro de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuando sean sujetos pasivos de dicho impuesto.

Leer la noticia completa – click aquí