Cualquier persona que vaya a realizar una actividad profesional o empresarial deberá darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Esto incluye a aquellos que se dediquen a la producción o distribución de bienes o servicios, comercio, actividades de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas. Antes de iniciar la operación, es preciso solicitar la inscripción en el censo, tal y como dicta la Agencia Tributaria en todos los siguientes casos:

Personas o entidades que vayan a realizar una actividad profesional o empresarial. Es decir, autónomos y empresarios.
Las sociedades mercantiles.
Los socios, herederos, comunero o integrante de entidades en régimen de atribución de rentas, cuando se desarrollen actividades profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición de miembros de dichas entidades.
Aquellos que realicen adquisiciones de bienes intracomunitarias, que estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y no actúen como empresarios o profesionales.
Los que abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
Personas o empresas no residentes en España, pero que actúen dentro del territorio a través de un establecimiento permanente o realicen la retención o el ingreso a cuenta en nuestro país. Incluso aquellas en las que la atribución de rentas se realiza en el extranjero, pero tienen presencia en territorio español.
Entidades o empresas que no están establecidas dentro de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuando sean sujetos pasivos de dicho impuesto.

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A continuación, algunas claves sobre cómo incluir en la declaración de la Renta 2017 la vivienda habitual.
Cuando tenga su residencia habitual en el territorio español de acuerdo con la normativa del IRPF. Esto es así cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español o que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, directa o indirectamente.

Se considera que es residente en la Comunidad Autónoma en la que permanezca el mayor número de días del año y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que el particular permanece en la Comunidad Autónoma en la que se encuentre su vivienda habitual. Si no fuera posible determinar el lugar de residencia por el criterio de permanencia, se tendrá en cuenta la localización de su principal centro de intereses. Por último, en defecto de los anteriores criterios, se considerará residente en la Comunidad de su última residencia declarada a efectos del IRPF.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) afirma que no hay que olvidar que, en el supuesto de que se presuma su residencia fiscal en España por derivación de la residencia de su cónyuge e hijos menores a cargo, se entenderá residente en la Comunidad Autónoma en la que éstos residan.

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El Gobierno prevé «nuevas figuras tributarias» para compensar el coste de la subida de las pensiones de los próximos dos años, que asciende a 4.800 millones de euros. El Programa de Estabilidad 2018-2012 remitido a Bruselas en la noche del 30 de abril habla de nuevos impuestos, en plural. Es decir, que a la ya anunciada tasa digital se sumarían otros tributos para recaudar, en conjunto, un total de 2.100 millones de euros entre este año y 2019.

El Plan de Estabilidad del Ejecutivo apenas concreta mucho más de esas «nuevas figuras tributarias». Sí hace referencia a que será una fiscalidad indirecta, es decir, que recaerá sobre el consumo, y que se planteará en el marco del Pacto de Toledo y dentro de «iniciativas tributaria europeas».

Fuentes de Hacienda consultadas señalan que, «de momento, sólo se trabaja en la puesta en marcha de este impuesto a las digitales». Sin embargo, queda por justificar de dónde saldrá un ingreso adicional de 900 millones de euros en el próximo ejercicio. El programa remitido a Bruselas recoge que el nuevo impuesto sobre las digitales «permitirá obtener una recaudación adicional de 600 millones de euros anuales». Mientras que para este año el incremento de recaudación previsto corresponde a esos 600 millones de euros, para 2018 la previsión se eleva a 1.500. Es decir, 900 millones más que se obtendrían de esas «nuevas figuras tributarias».

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La deuda pendiente de la Agencia Tributaria asciende a 42.365 millones de euros. Cobrar esa inmensa bolsa de pasivo es una de las principales tareas de Hacienda. Para hacerlo, la Administración utiliza diversos instrumentos y uno de ellos es la derivación de responsabilidad que contemplan los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria. Se trata de una figura que permite, por ejemplo, reclamar deudas de una sociedad de forma subsidiaria a los administradores de las mismas.

Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ha dado a este tipo de profesionales más herramientas para defenderse ante el fisco. Así lo explica el socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, que señala que los administradores tendrán mayores posibilidades para recurrir la derivación de responsabilidad. Lo que sucedía hasta ahora era que Hacienda y la Audiencia Nacional entendían que los administradores, al recurrir la derivación de responsabilidad, no podían impugnar la liquidación que originó la deuda, si cuando estaban al frente de la compañía tuvieron conocimiento de la actuación de Hacienda contra el deudor principal. “Esto es lo que ocurre en el caso de los administradores de sociedades, que no solo conocen las actuaciones de comprobación seguidas contra la sociedad, sino que pueden intervenir en nombre de la misma para plantear los recursos oportunos”, señala Salcedo. Y aclara que ello significa que “el administrador solo podría recurrir el propio acuerdo de derivación de responsabilidad, es decir, su propia consideración como responsable y no las liquidaciones de las que trae a causa la derivación de responsabilidad”.

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Anuncia que en 2018 se intensifica el «control reforzado para grandes patrimonios». La AEAT prevé realizar este año 681.972 actuaciones de control selectivo e investigación.

El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, anunció ayer que este año habrá más controles sobre grandes patrimonios e instó a no demonizarlos. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, Menéndez avanzó que en 2018 «se ampliará el número de contribuyentes para inspección» en el grupo de grandes patrimonios y se tendrá especialmente en cuenta los perfiles con más «supuestos de opacidad o deslocalización». En la Ley de Presupuestos de 2018, se prevé que la AEAT realice este año 681.972 actuaciones de control selectivo e investigación frente a 675.220 que desarrolló el año pasado.

Las actuaciones de control selectivo e investigación, que incluyen a los grandes contribuyentes, tienen por finalidad detectar y regularizar los incumplimientos más complejos, así como perseguir las formas más sofisticadas de fraude. Menéndez concretó que la inspección a grandes contribuyentes ha supuesto una cuota liquidada de 333 millones en 2017. El director de la AEAT explicó que se intensifica el «control reforzado para grandes patrimonios», a su juicio, «un colectivo con seguimiento continuado y especializado», al que ahora se vigila a través de una nueva herramienta informática que puede estimar su verdadero patrimonio personal, familiar y empresarial y determinar lo que les corresponda de entramados.

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