El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre los criterios que deben seguir las empresas para que el despido objetivo de un ‘trabajador especialmente sensible’ (aquellos especialmente vulnerables a los riesgos derivados del trabajo por situación de discapacidad física, psíquica o sensorial) sea procedente. Según su sentencia, de 11 de septiembre de 2019 (disponible aquí) la empresa tiene el deber de probar que realizó los ajustes y remodelaciones razonables en el puesto de trabajo del trabajador antes de ejecutar el despido. De no cumplirse dicho requisito, el despido debe presumirse discriminatorio.

La cuestión ha sido resuelta a raíz de varias cuestiones prejudiciales lanzadas por el Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona. a los efectos de resolver si puede ser objeto de despido una trabajadora, diagnosticada de epicondilitis y a la que se le reconoció la condición de «trabajadora especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo». 

La empresa consideró cuatro criterios para proceder al despido: encontrarse adscrito a los procesos de ensamblaje y conformado de tubo plástico; una productividad inferior al 95 %; polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa; y un índice de absentismo del 69,55%, para el que se tienen en cuenta los períodos de baja por enfermedad. Con estos cuatro criterios se valoró a la trabajadora y se la despidió objetivamente junto con otros compañeros porque no alcanzaba los baremos antedichos. 

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Renault ha anunciado a los sindicatos su intención de suprimir un turno en cada una de sus factorías en España, ubicadas en Valladolid, Palencia y Sevilla, y ha convocado a los representantes de los trabajadores a una reunión del Comité Intercentros el próximo 18 de septiembre. La empresa del rombo ha hecho esta comunicación a los sindicatos precisamente cuando esta semana ha presentado en Frankfurt el nuevo modelo de Captur, que se fabricará en Valladolid. En concreto, según la información que ha transmitido la empresa a los sindicatos, la cual se concretará en el Comité Intercentros, la previsión es eliminar el 14 de octubre un turno de montaje del motor de gasolina MM14 en Valladolid; el 2 de noviembre otro en la línea de montaje ‘J’ de Sevilla; y, finalmente, el 2 de diciembre, medio turno de noche en la fábrica de Palencia que afecta a las líneas concatenadas de la factoría de Valladolid.

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La próxima semana está previsto que el Consejo de la UE dé el visto bueno definitivo a una norma que pretende ser clave en la lucha contra la corrupción pública y privada: la directiva de protección al denunciante (o whistleblower). El texto, que deberá ser traspuesto antes dos años, introduce dos grandes novedades en el ordenamiento. En primer lugar, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implanten procedimientos internos para la recepción y el estudio de denuncias de irregularidades. En segundo término, establece una serie de medidas de salvaguarda y blindaje para quien comunique tales infracciones.

Como aseveró la fiscal general del Estado, María José Segarra, durante el acto de apertura del Año Judicial el pasado lunes, para mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción es necesaria «una reforma en profundidad de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos». La directiva, si bien no abarca todos los extremos que los expertos señalan que podrían abordarse para perfeccionar la normativa (se habla de recompensar a los delatores), sí da un impulso significativo en estas dos materias.

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Su situación familiar llevó a una empleada de una clínica veterinaria, separada y con un hijo pequeño a su cargo, a solicitar a la empresa un horario adaptado a sus particularidades. Se acogía así a la popularmente conocida como jornada a la carta, aprobada en marzo por el Gobierno. Con esta acción se pretendía favorecer una mayor igualdad en las compañías y la conciliación entre trabajo y familia.

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