Los trabajadores que hayan solicitado una reducción de jornada por cuidado de hijos están blindados frente a los despidos improcedentes. La ley laboral los considera nulos, aunque no se aprecie discriminación ni represalia del empresario. Dicho de otro modo, si el juez considera que no hay motivo suficiente para un despido disciplinario, la empresa está obligada a readmitir al empleado. Esta es la conclusión a la que llega en una reciente sentencia (cuyo texto puede consultar aquí), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia. En su fallo, el tribunal gallego obliga al BBVA a readmitir a una empleada a la que despidió por ofensas verbales a jefes y compañeros de trabajo, y por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza “no solo don el banco sino con los clientes”. La trabajadora despedida, había solicitado un par de meses antes una reducción de jornada o flexibilidad horaria para poder compatibilizar el cuidado de su hija menor, sin obtener una contestación.

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Los jueces insisten en reconocer a los autónomos societarios su derecho a acogerse a la tarifa plana a pesar de la resistencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a conceder este beneficio. Así lo reitera una reciente sentencia (cuyo texto puede consultar aquí) de un juzgado de lo contencioso-administrativo de León que rechaza, como argumentó la Administración tras la reclamación de un trabajador, que el régimen de la tarifa plana se limite a los autónomos «que asumen el riesgo», quedando excluidos «los administradores de sociedades mercantiles cuando poseen el control efectivo de las mismas».

El litigio tiene su origen en el recurso presentado por un autónomo societario (aquel que ha constituido una mercantil para ejercer su actividad) contra la negativa de la TGSS a reintegrarle lo cobrado de más, al rechazar que pudiera acogerse a la tarifa plana y mantenerle la cuota ordinaria de los trabajadores por cuenta propia. La tarifa plana reduce la cuota mensual hasta los 60 euros durante los primeros 12 meses de actividad.

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El Supremo dicta que una empresa no puede despedir a un trabajador y, posteriormente, decidir que le readmite en su plantilla. La reincorporación únicamente será legal cuando el empleado acepte volver a la compañía y haya acuerdo entre las partes.

El año pasado una limpiadora fue despedida porque su rendimiento había decaído notablemente, según alegó la empresa a la que prestaba sus servicios. Un mes después, la exempleada recibe un burofax de la compañía, donde se le informaba que dejaba sin efectos el despido y había decidido readmitirla. Si no se reincorporaba inmediatamente, se le sancionaría disciplinariamente, le indicaba.

La trabajadora no estaba de acuerdo con esta retractación, por lo que interpuso una demanda a la empresa, que fue admitida a trámite. El Tribunal Supremo (TS) dicta sentencia y aclara que sólo cabe la readmisión pretendida por la empresa en el caso de que hubiese acuerdo entre las partes, es decir, siempre que la mujer hubiese aceptado dicha reincorporación.

El fallo del Supremo subraya que no es admisible que «una decisión unilateral empresarial posterior con ofrecimiento de readmisión restablezca un vínculo contractual ya roto e inexistente». Añade, además, que «ni mucho menos la negativa del trabajador a reincorporarse implica la dimisión de éste». La decisión de la empresa, entiende el alto tribunal, privó a la empleada «del derecho a la calificación de ese acto».

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