Si un trabajador fallece antes de que se produzca la readmisión tras un despido nulo, sus herederos tendrán que percibir los salarios que no cobró desde su cese hasta la defunción y, además, la indemnización por despido improcedente. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia (consulte aquí el texto) con una casuística peculiar en la que equipara la imposibilidad de readmisión en casos de despido nulo con el despido improcedente.

Según se plasma en la sentencia, se trata de un caso en el que el trabajador despedido fallece antes de que se dicte sentencia sobre el carácter de su cese y ya no es posible la readmisión al puesto de trabajo. Su especialidad con respecto a otros casos similares recae en que en este supuesto el despido fue después declarado nulo y no improcedente dada la situación de la empresa. En segunda instancia, sin embargo, se rechaza que sea aplicable lo previsto para un despido improcedente porque, a juicio de la empresa, y finalmente del tribunal, «no cabe la opción de indemnización».

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La pensión por incapacidad permanente es compatible con el trabajo de autónomo. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) en la que considera que la actividad profesional que venía realizando como programador informático «no resulta perjudicial a su estado».

Según consta en los hechos probados de la sentencia, el demandante, que trabajaba como cocinero, comenzó a recibir en 2009 una pensión por incapacidad permanente absoluta. En 2016, el hombre comenzó a trabajar como autónomo en una empresa informática en la que desempeñaba tareas de programador a tiempo parcial de seis horas diarias de lunes a viernes.

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ATA intenta que Trabajo les exima. «El autónomo ya tiene obligaciones de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, fiscales y con la Seguridad Social», recuerda.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA, reclamó ayer que los autónomos queden exentos de registrar la jornada laboral de sus asalariados. Así lo pidió en la presentación de un informe realizado por ATA sobre la jornada de los autónomos, en la que destacó que «el autónomo ya tiene obligaciones de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, fiscales, con la Seguridad Social, para añadirle ahora las del registro diario de jornada, lo que supone más cargas».

Amor trasladó que les están llamando sus asociados «preocupados porque no pueden registrar la jornada por estar en zona sin cobertura o sin acceso a sus empleados, y estos se olvidan de hacerlo». Así, explicó que ATA está elaborando un documento que van a entregar a Trabajo para que exima a los 1,6 millones de autónomos con asalariados de registrar la jornada de estos. El Ministerio aclaró en la Guía que ha publicado para despejar dudas que el autónomo está exento. Pero no sus asalariados.

El presidente de ATA insistió en sus críticas al registro horario, una «obligación del siglo XIX» que cree que supone «volver a la mina y a los tiempos de la sirena, que en el siglo XXI no toca». «Hoy hay muchas actividades que no se desarrollan en un centro de trabajo y profesiones como la abogacía o empresas como las pymes que piden quedar exentos», insistió. Según Amor, «por supuesto que hay que controlar al 5% o menos de empresarios que abusan del horario laboral y no pagan horas extra, pero no se puede penalizar [...]

El registro obligatorio de la jornada que entró en vigor el pasado 12 de mayo ha puesto sobre la mesa el debate sobre las horas que se trabajan en España. Ayer fuer la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) quien hizo pública una encuesta entre sus asociados sobre el tiempo que dedican a sus negocios los trabajadores por cuenta propia.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los asalariados trabajaron una media de 35,8 horas semanales en el primer trimestre del año, frente a una media de casi 44 horas a la semana de los autónomos.

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El personal con régimen de alta dirección especial y consejeros están «completamente» excluidos. En cambio, sí deberá registrarse la jornada diaria de mandos intermedios, cargos de confianza o con especial responsabilidad.

El personal de alta dirección está «completamente» excluido de la obligación del registro diario de la jornada laboral que entró en vigor el domingo. Así lo aclaró ayer el Ministerio de Trabajo en una Guía que publicó con el fin de despejar las numerosas dudas que tienen las empresas sobre la aplicación de la nueva obligación. Están por lo tanto excluidas las relaciones laborales de carácter especial que regula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 2. 1.a). Es decir, consejeros y personal con contrato mercantil y quienes tengan contrato de alta dirección especial.

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