Una sentencia aclara que cuando hay pacto entre empresa y empleados en un despido no se requiere la notificación al representante de los trabajadores.

La crisis impactó en sus cuentas, lastró su actividad y frenó sus planes de crecimiento. Después de lograr mantenerse en el mercado y tratar de salir adelante, un grupo empresarial se vio obligado a reestructurar su plantilla y, como consecuencia, a despedir a 314 trabajadores.

El sindicato no tardó en actuar. La organización presentó una demanda de impugnación del despido contra la compañía, solicitando que se declarara nulo el procedimiento. Después de meses batallando en los juzgados, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia: no sólo aclara que el despido estaba justificado, sino que también determina que, al haber acuerdo entre empresa y trabajadores, no se requería el visto bueno del sindicato. Es decir, la justicia defiende que, cuando se alcanza un pacto en estas situaciones laborales, únicamente será necesario comunicarlo a la autoridad laboral. En el supuesto de no llegar a un acuerdo entre las partes, sí se requerirá una segunda notificación dirigida al representante de los trabajadores.

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En mitad del revuelo ocasionado por la incorporación del derecho a la adaptación de jornada, la justicia se pone del lado del trabajador y aumenta su protección a la hora de solicitar la jornada a la carta. Este derecho permite a los trabajadores adaptar su horario laboral (ya sea en términos de flexibilidad horaria, cambio de turnos o, incluso, teletrabajar) en caso de necesitarlo por cualquier circunstancia personal, que debía explicar debidamente a la compañía. Ahora, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia  (accede aquí al texto íntegro) perfila este requisito y determina que, en el momento de la petición, el empleado no está obligado a demostrar que no puede conciliar su vida personal y laboral por otros medios.

Para el TSJ, la conciliación es un «derecho personalísimo» de los trabajadores que solo admite restricciones en caso de que ambos progenitores presten servicios en la misma empresa, lo que no ocurría en este caso. Así, rechaza que la demandante, una empleada de una compañía eléctrica, deba probar que los abuelos no podían hacerse cargo del menor o que este no podía ir a clases extraescolares por las tardes para ejercitar su derecho a la adaptación de jornada.

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La nueva normativa del Ministerio de Trabajo obliga a las empresas a registrar el horario de entrada y salida de sus trabajadores. Esta ley deben cumplirla todas las pymes, librándose de ella los autónomos y las cooperativas, como se explica en este artículo

El límite para adecuarse a este nuevo escenario expiró el pasado mes de mayo, por lo que ya deberían tener en funcionamiento un sistema para aplicar esta norma. De hecho, desde la inspección de trabajo han dejado claro que el registro horario «ha venido para quedarse» y que «no se harán excepciones según el tamaño ni la tipología de las empresas». Por el momento, eso sí, no se están emitiendo sanciones, aunque este gesto de «cortesía» no se prolongará mucho más en el tiempo.

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«Todo lo que sea alejar al trabajador del espacio de trabajo es positivo, porque se hace más evidente que no está trabajando. La inspección valora lo que ve», ha asegurado Javier Cerrolaza, director territorial-jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, en una jornada de análisis sobre las nuevas obligaciones de control horario en un sector tan amplio, plural y heterogéneo como la hostelería, organizada por la Asociación de Hostelería de Madrid -antigua La Viña-.

A este respecto, ha explicado que «es recomendable que, si un trabajador está en su tiempo de descanso, no tenga puesto el uniforme ni esté realizando tareas en el local, aunque permanezca en el mismo por la imposibilidad de irse a su casa». No se puede ignorar que es el empresario el que debe acreditar la existencia de interrupciones en medio de la jornada efectiva de trabajo y, por ello, pedir al trabajador que las registre».

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado nuevas subvenciones para los trabajadores autónomos. En concreto, estas consisten en financiar los gastos derivados de la realización de actividades de apoyo y promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.

Las subvenciones aprobadas por el BOE contemplan, asimismo que las ayudas sirvan para financiar de manera parcial los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

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