Los días de asuntos propios ofrecidos por la empresa no deben ser posteriormente recuperados, sino que computan como efectivamente trabajados. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia (que puede consultar aquí) en la que reconoce el derecho del personal laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) a no recuperar este tiempo al considerar que, de no ser así, «supondría un exceso de jornada con respecto al acuerdo suscrito».

Según recogen los hechos probados del fallo, el convenio para el personal laboral de la Comunidad de Madrid (al que se somete la Agencia) establece una jornada laboral de 225 días, con 7,5 horas de prestación de servicios cada día. Esto supone un total de 1.695 horas anuales.

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La presión por cumplir con los objetivos de estabilidad en un contexto de fuerte aumento del gasto público decanta de nuevo al Gobierno por elevar los impuestos al empleo y, por tanto, los costes a las empresas en un momento de fuerte desaceleración de la actividad y de caída de ventas. Un escenario agravado por las mayores trabas administrativas generadas por el registro horario y las amenazas de hacer más rígido el marco de relaciones laborales que diseñó la reforma laboral de 2012.

A la espera de contar con un Presupuesto que le habilite para aplicar una subida fiscal múltiple que, de nuevo volverá a presionar a la clase empresarial, el Ejecutivo opta por la vía con fuerte capacidad recaudatoria: las bases máximas de cotización social. Esto supondrá un nuevo obstáculo para la actividad, pero más recursos para hacer frente a los 18.000 millones de déficit que tiene la caja de las pensiones, el principal impedimento para que España cumpla el objetivo de déficit.

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Hace unos días, un juzgado de Arona, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ratificó la orden de cuarentena que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias impuso sobre un hotel en Adeje. El juez avaló la medida al considerar que se trata de una situación “de máxima urgencia”, y que el riesgo de propagación del virus hace necesaria la adopción de “medidas urgentes y contundentes”.

Aunque una crisis como la actual sea excepcional en nuestro país, lo cierto es que la legislación prevé desde hace tiempo qué medidas pueden adoptarse para garantizar la salud pública. La normativa, de hecho, da una amplia potestad a las Administraciones. Unas facultades que vienen reguladas en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite a las autoridades sanitarias “reconocer, tratar, hospitalizar o controlar” a un individuo cuando aprecien en él indicios de peligro (por ejemplo, síntomas asociados al coronavirus).

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La Comisión Europea presentó este miércoles su evaluación sobre la situación de las economías de los Estados miembros, y España quedó bastante mal tras el examen comunitario. No solo por la foto fija de nuestro país, sino por el impacto a largo plazo de algunas medidas anunciadas por el Gobierno. Bruselas concluye que nuestro país continúa entre la decena de países con desequilibrios, sin haber realizado ningún progreso en lo relativo al refuerzo del marco fiscal o la sostenibilidad de las pensiones.

En su detallado análisis, de 115 páginas, el Ejecutivo comunitario sobre todo alerta del impacto de la indexación de las pensiones y las modificaciones que el Ejecutivo de coalición quiere introducir a la reforma laboral. Bruselas advierte de que, con una deuda que prevé que continúe en el 96% del PIB el año que viene, los riesgos para la sostenibilidad fiscal siguen siendo «significativos a medio y largo plazo».

«En particular, los planes de volver a vincular permanentemente las pensiones al índice de precios al consumidor (IPC) y disociar los niveles de pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida, en ausencia de medidas compensatorias adecuadas, aumentaría el gasto en pensiones significativamente a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional», dice el informe.

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El Ministerio de Trabajo usará la tecnología de análisis masivo de datos -conocida como Big Data- para detectar casos de fraude laboral en materia de contratación. Sobre todo, Trabajo pondrá el foco en los falsos autónomos y la sucesión de contratos temporales.

De esta forma, una herramienta informática analizará millones de contratos y los datos de los trabajadores para crear alertas sobre posibles asuntos de fraude laboral. Además, el Ministerio reforzará la Inspección y los controles a las empresas. Trabajo lanzará así una ofensiva legal contra aquellas empresas que cometan irregularidades en la contratación de sus trabajadores

La ministra, Yolanda Díaz, ha puesto el foco de la actuaciones en las nuevas plataformas digitales. De hecho, la ministra ha anunciado el Plan Director por un Trabajo Digno con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos, como la temporalidad fraudulenta, el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o falsos autónomos.

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