Los autónomos o empresas que vayan a prestar servicio en el sector de la construcción se tienen que dar de alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Se trata de un proceso que trata de asegurar que quienes participen en obras estén adscritos a un control más exhaustivo. Deben inscribirse tanto las empresas que vayan a subcontratar, como aquellas que vayan a ser contratadas.

El REA sirve para dar garantías sobre la empresa que se contrata, algo esencial en el ámbito de la construcción. De hecho, cuando una empresa está dada de alta en el REA asegura a otros que cumple con una serie de requisitos, como infraestructuras y medios necesarios para el trabajo que van a realizar, aparte de que tiene un control sobre el personal laboral y que estos tienen conocimientos para la prevención de riesgos laborales y también que la organización empresarial es buena. Todos estos objetivos están recogidos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,

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La Universidad Complutense de Madrid tendrá que indemnizar a una técnico de laboratorio con 11.558,40 euros, y reconocerla como trabajadora indefinida no fija. La razón: concatenar más de ocho años de contratos fraudulentos.

Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una reciente sentencia, disponible aquí. El fallo ha confirmado la resolución del juzgado, que estimó la reclamación de una empleada en un Centro Veterinario de la Universidad Complutense para ser reconocida como indefinida. La técnico pasó cuatro años y nueve meses como becaria, pero realizando tareas propias de cualquier trabajador. También concatenó otros cuatro años de contratación fraudulenta por falsa temporalidad. En total, llegó a firmar un total doce contratos fraudulentos entre 2009 y 2018. 

Según los hechos recogidos en la resolución, la empleada firmó su primer contrato de prácticas en 2009. La beca formativa que escogió otorgaba la posibilidad de ingresar en un centro asociado a la Facultad de Veterinaria, y allí poder participar en una investigación sobre la tuberculosis en un programa preventivo. La facultad pagaba una ayuda de 1.000 euros mensuales, en una duración máxima de seis meses. 

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La economía catalana no se resintió de la subida del
salario mínimo interprofesional (SMI) el año pasado cuando se situó en 900 euros al mes por 14 pagas. Es una de las conclusiones de un informe elaborado por la Cambra de Comerç de Barcelona que analiza diferentes variables.

La más importante es la de la evolución de la contratación en los sectores más expuestos al SMI:. agricultura, comercio, inmobiliarios, actividades administrativas, artísticas y otros servicios. En esos sectores donde hay más trabajadores con salarios bajos, el crecimiento de la afiliación fue del 1%. En cambio, en el resto de sectores no expuestos de manera tan evidente al SMI el alza fue del 2,5%. Por lo tanto la diferencia del crecimiento en la contratación fue de 1,5 puntos. Si se realiza esa mismo cálculo en el periodo 2016-2018 cuando no hubo una subida del SMI tan pronunciada, el diferencial de incremento fue del 1,7 puntos. Por lo tanto la brecha entre la contratación supuestamente más afectada por el SMI se ha reducido.

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Las conductas graves en el ámbito laboral pueden desembocar en el despido procedente del trabajador. Sin embargo, a veces no está clara la línea que separa una simple sanción del despido, que puede ser una medida excesiva aún cuando la acción del trabajador pueda parecer merecedora de castigo.

De esta forma, acudir al trabajo en estado de embriaguez, aunque el mismo consista en la conducción de un vehículo, o ausentarse del puesto de manera reiterada pueden ser consideradas como un despido improcedente. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en su sentencia 757/2019 (disponible aquí), donde un profesional de limpieza ha logrado su readmisión o indemnización pese a conducir el camión de la basura bajo los efectos del alcohol.

El empleado trabajaba como profesional de peón de limpieza desde el año 2003, ejerciendo las labores de conducción de camión de recogida de residuos en la ruta fijada por la empresa, para después vaciarlos en la nave habilitada para ello. Los vehículos llevan incorporado un dispositivo GPS para la localización y registro de la ruta seguida, algo conocido por los trabajadores y que es exigido por el propio Ayuntamiento. El sistema registró como en reiteradas ocasiones el trabajador se desvió de su ruta y estacionó el camión durante largos periodos de tiempo.

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El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,5 % hasta los 950 euros brutos mensuales en 2020, un alza que se aplicará con efecto del 1 de enero y que afectará a unos 2 millones de personas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la subida es «fruto del acuerdo» en el marco del diálogo social por el que Gobierno seguirá apostando.

Montero ha añadido que el Ejecutivo también espera consensuar con patronal y sindicatos la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, un asunto en el que el pacto social se antoja más difícil, dado que la CEOE ha insistido este martes en que no apoyará cambios que mermen la capacidad de adaptación de las empresas.

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