Entre las novedades del acuerdo programático para el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que pasaron ayer más desapercibidas está el anuncio de la futura implantación de un nuevo “ingreso mínimo vital como prestación de la Seguridad Social”.

Se trataría del embrión de una de renta mínima perseguida por la formación morada, que si bien no tendrá un carácter universal porque está destinada a familias carentes de rentas, sí se configurará como un nuevo derecho asistencial dentro del sistema público de pensiones.

El plan de las dos formaciones que planean estar al frente del Gobierno es empezar con un «aumento decidido» de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, posteriormente, crear “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

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La empresa, para la que llevaba trabajando más de cinco años encadenando contratos, no había dado de alta en la seguridad social al accidentado.

Mientras realizaba una complicada maniobra en un espectáculo infantil, un trabajador sufrió un infarto que lo mandó directo al hospital. A lo grotesco de la imagen sufrida por el pequeño público de este hombre se sumó el resultado del accidente: un coma que lo dejó en estado vegetativo de por vida.

Pero aún había más. La empresa, para la que llevaba trabajando más de cinco años encadenando contratos, no había dado de alta en la seguridad social al accidentado. Esta circunstancia llevó a la familia del trabajador, a la compañía y a la aseguradora que tenía contratada la empresa a enfrentarse en los tribunales por la indemnización que había que pagar por el accidente.

Antes del incidente, que se produjo el 8 de junio de 2013, la compañía había contratado una póliza de responsabilidad civil que cubría, entre otros, los daños que sufrieran los trabajadores por un accidente laboral. Eso sí, para que el seguro fuera efectivo se debía notificar a la aseguradora cualquier suceso durante el ejercicio que cubría la póliza o hasta un año después de su vencimiento.

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2019 ha sido un año prolífico en lo jurídico. A pesar del vacío legislativo por la ausencia de gobierno, importantes resoluciones judiciales han surgido en un año convulso en el plano político, pero productivo en tribunales. 

La sentencia del Procés supuso una de las resoluciones judiciales más importantes de la historia de la democracia. Pero también se han dado otras de importante calado, como la sentencia de los EREs, asuntos como la ‘Manada’, resoluciones constitucionales en materia tributaria como las referentes a la plusvalía o la primera doctrina del Supremo sobre la configuración legal de los bitcoins.

El equipo de Noticias Jurídicas ha seleccionado los temas, artículos y sentencias que han marcado el 2019 en el mundo legal. Desde las primeras resoluciones por el nuevo registro obligatorio de jornada, hasta la problemática de los falsos autónomos. 

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Es conocido que una baja no incapacita a un trabajador para realizar actividades fuera de casa. Sin embargo, los tribunales han admitido que es causa de despido que el empleado en situación de contingencia sea visto realizando tareas que, en vista de las circunstancias, puedan retrasar su curación o empeorar su situación de cara a a reincorporación. 

En este marco, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha establecido en un reciente fallo que estar de baja por diagnóstico de ansiedad y trastorno adaptativo, y en este estado, ayudar a un familiar en su negocio, son situaciones incompatibles, y además, un comportamiento que legitima a la empresa a despedir disciplinariamente al empleado, por transgresión de la buena fe. 

El tribunal gallego ha avalado así el despido disciplinario de una teleoperadora de Contact Center, de baja por ansiedad y trastorno adaptativo, que ayudó durante tres días a su hermana en su negocio, una agencia de viajes sita en el pueblo donde se suponía que debía descansar para recuperarse con la familia. Un detective constató que la trabajadora realizaba tareas que el tribunal considera incompatible con una baja por ansiedad, como cargar cajas, organizar archivos o puntualmente abrir y cerrar el negocio, en una de las ocasiones incluso en solitario. 

La resolución, de 9 de octubre de 2019, está disponible en este enlace. 

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Las prestaciones públicas reconocidas en Reino Unido y percibidas por un residente fiscal en España durante las bajas por maternidad, paternidad, o parental compartida están exentas en el IRPF. Así ha quedado establecido en la Consulta Vinculante V2866-19, de 17 de octubre de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas.

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