El Gobierno ha publicado el decreto ley sobre el permiso retribuido recuperable obligatorio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a falta de menos de media hora para la medianoche. Las empresas, por tanto, han tenido solo unos minutos para prepararse y saber si pueden contar o no con sus empleados en la jornada de este lunes.

Eso ponía en series dificultades a numerosas empresas, especialmente las industriales, que necesitan organizar sus procesos con suficiente antelación.

Debido a esa tardanza, el Gobierno ha concedido una moratoria. «En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial», dice el decreto en una disposición añadida a última hora.

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Las empleadas del hogar que se queden sin empleo debido a la crisis del coronavirus recibirán, tal y como reclamaban al Gobierno, un subsidio extraordinario que las equiparará a los trabajadores que vean suspendido su trabajo con un ERTE, siempre y cuando puedan acreditar que su empleador las ha despedido o suspendido de empleo, según informa la Cadena SER. En este caso, cobrarán un 70% de la base reguladora (un 70% del salario) mientras dure la situación extraordinaria de alarma.

La medida, que está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo viernes, supone un paso adelante en las reclamaciones de este colectivo, ya que no tiene acceso a la prestación por desempleo. Por esa razón las empleadas de hogar quedaban fuera de las medidas de apoyo a los trabajadores afectados por la crisis del Covid-19 que el Gobierno puso en marcha la semana pasada.

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La avalancha sin precedentes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) está tensionando la estructura de los servicios públicos de empleo que puede provocar que algunas personas que están ya en el paro no perciban su prestación por desempleo hasta el 10 de mayo. Por eso el Departament de Treball de la Generalitat y los sindicatos han pedido al Servicio Público de empleo (SEPE) que se flexibilicen los procesos para poder recibir la prestación antes.

Fuentes del ministerio dijeron que se está trabajando en una orden ministerial que estandarice los datos que deben pasar las empresas con ERTE al SEPE.

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra ha avalado el cese de una trabajadora por llegar tarde a su puesto en repetidas ocasiones y falsear las horas de entrada y salida en sus fichajes. En su sentencia (que puede consultar aquí), el órgano judicial estima el recurso de la empresa y determina que la actitud de la empleada está revestida de la suficiente gravedad como para justificar el despido disciplinario.

Los magistrados dan por válido el histórico de los saltos de la alarma de la tienda, que constató que, algunos días, la mujer se incorporaba a su puesto hasta 45 minutos tarde. De hecho, en un mes llegó a acumular retrasos que superaban las 23 horas de trabajo. En este sentido, subrayan que la supervisora de la trabajadora le había llamado la atención de forma verbal en reiteradas ocasiones, esperando que ese comportamiento no volviera a suceder.

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Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañado de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Con la norma se considera tanto a las personas en aislamiento preventivo como a quienes se han contagiado del virus en situación de incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que esto supone una mejora de la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus, ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

De esta forma, el Gobierno cambia el criterio respecto al aislamiento, ya que hace menos de dos semanas la Seguridad Social aclaró en una nota que los trabajadores en aislamiento preventivo por el virus se consideraban en situación de incapacidad temporal (baja laboral) por enfermedad común, si cumplían los demás requisitos y conforme al régimen de la Seguridad Social.

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