El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el domingo las condiciones que regirán la reapertura de ciertas actividades económicas y deportivas a partir de este lunes en la denominada fase 0, que incluye a toda España salvo las islas de Formentera (Baleares), El Hierro, La Graciosa y La Gomera (Canarias).

Estas actividades son, básicamente, una parte del comercio minorista y actividades de servicios profesionales que pueden dar servicio con cita previa; hostelería y restauración aunque solo con servicio para recoger; y la práctica del deporte profesional y federado, además de la reapertura de archivos.

En el primer punto, el de comercio minorista y servicios profesionales, podrán reabrir al público «aquellos locales y establecimientos del comercio minorista y de servicios profesionales que garanticen el cumplimiento de una serie de condiciones que permitirán compatibilizar esta reapertura con las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores, evitando así un repunte de la enfermedad».

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La reapertura de la economía se hará por sectores y en horizontes temporales, teniendo en cuenta los sectores «vulnerables que pueden tener una difícil recuperación en el tiempo por venir» y bajo los principios de «prevención, prudencia y proporcionalidad».

Así lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera, que ha insistido en la «base de la seguridad sanitaria, la salud pública y de cada uno de los actores que trabajan en cada uno de esos ámbitos de actuación».

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo real decreto de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en el que se incluyen propuestas de carácter laboral y para mejorar la financiación de las empresas. Entre ellas, está en estudio prorrogar dos meses la prioridad del teletrabajo, el reconocimiento de la prestación de paro para los despedidos en el periodo de prueba, supeditar el pago de impuestos a la consecución de financiación avalada por el Estado y medidas sobre el rescate de los planes pensiones. Estas son algunas en estudio

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La avalancha de despidos temporales y de demandantes de la prestación por desempleo a causa de la pandemia ha atascado el servicio público de empleo también en Cataluña. Según los cálculos de CC OO, en esta comunidad solo el 30% de las personas que en marzo pidieron la prestación la están recibiendo ya en abril. El sindicato pide ampliar la cobertura de las prestaciones contributivas y asistenciales para paliar la presión de la pérdida de ingresos sobre las rentas más bajas. Y avisa que, si no se pone remedio, aumentará la pobreza de las personas trabajadoras, una situación que en 2018 afectaba al 14,9% del total y que no ha dejado de crecer desde 2013.

El mercado laboral, según los datos presentados este jueves por Ricard Bellera, secretario de Trabajo y Economía del sindicato, está dividido actualmente en Cataluña en un 17% de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); un 11% de personas que en marzo ya estaban en el paro; un 6% de baja; un 21% que trabaja en servicios esenciales (el sindicato calcula que hay 800.000 trabajadores en estos ámbitos) y un 28% que está haciendo teletrabajo o vacaciones forzadas.

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El Ingreso Mínimo Vital que está preparando el Gobierno para familias desfavorecidas ya tiene un horizonte de aprobación: esta nueva renta estará lista»en las próximas semanas», según ha asegurado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Mientras que fuentes del entorno del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, coincidían en anunciar que esta renta estaría lista ya en mayo.

En los últimos días había surgido una polémica en el seno del propio Gobierno, donde  Iglesias urgía a que esta nueva renta, que será una prestación de la Seguridad Social, se aprobara de forma inmediata, aunque fuera temporalmente, como una «ayuda puente» hasta que estuviera lista la definitiva. Mientras que el equipo de Escrivá reclamaba más tiempo para poder diseñar una prestación «que había de venir para quedarse y, por lo tanto, tiene que estar bien diseñada y debemos asegurarnos de que llega a todo el que tiene que llegar», argumentaba el ministro de Inclusión.

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