Las empresas tendrán que cumplir con nuevos requisitos para abrir durante esta crisis generada por el coronavirus. Medidas de limpieza e higiene que exigen materiales y productos que tendrán un coste por empleado asociado. www.auna360.es es una plataforma que se ha creado para ofrecer todos los productos y servicios que las empresas necesitan para retomar su actividad de forma rápida y con garantías sanitarias y legales.

Desde este grupo de empresas han calculado los costes que supondrá este proceso de adaptación, estableciendo que una pyme de 50 empleados tendrá que gastar, de media, 3.800 euros de media para poder reabrir sus negocios.

Trinidad Cabrera es impulsora de la iniciativa. Estiman que la mayor partida presupuestaria se la llevarían aquellos productos básicos de protección individual como mascarillas, guantes y gel que, según advierten, tendrían un coste de unos 50 euros al mes por empleado.

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La preocupación de las empresas y los sindicatos es, desde hace ya dos meses, cómo sobrevivir al desplome de la actividad económica causado por la pandemia de Covid-19 que azota al mundo entero. Este quebradero de cabeza común en todo el ecosistema empresarial ha dejado en segundo lugar las preocupaciones habituales. Una muestra de ello es que la negociación de convenios colectivos de trabajo en los sectores y en las empresas se ha parado en seco en abril.

Así lo evidencian los últimos datos estadísticos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía social que muestran que en abril apenas se pactaron 10 nuevos convenios colectivos, de los cuales 9 fueron de ámbito empresarial y solo un de ámbito superior. Y, según fuentes empresariales estos convenios “estaban ya negociados con toda seguridad antes del estallido de la crisis y se han registrado ahora”.

Esta decena de convenios contrasta con los 139 acuerdos que se firmaron en este mismo mes de 2019.

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El Gobierno abordará en los próximos días dos demandas esenciales para los autónomos que venían reclamando las asociaciones representativas del colectivo para paliar el impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19 en el mercado laboral de nuestro país: la ampliación de la ayuda extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, plazo de duración de los ERTE, para los trabajadores por cuenta propia y la aprobación de un subsidio extraordinario para aquellos autónomos de temporada que no verán iniciada su actividad económica por la situación sanitaria y que durante los meses del verano generan los ingresos para subsistir durante el resto del año (kioskos de helados, feriantes, hamaqueros).

«La sensación es buena, las medidas son necesarias», explican fuentes de las entidades de autónomos sobre la recepción por parte del Gobierno de las medidas a demandas en una reunión que congregó a las patronales de los trabajadores por cuenta propia y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

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Las tres principales asociaciones de trabajadores autónomos ATA, UPTA y Uatae, tuvieron ayer la primera reunión interministerial con los responsables de Economía, Nadia Calviño; Trabajo, Yolanda Díaz; e Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá para evaluar el impacto de la crisis en el colectivo.

Una de las principales conclusiones que sacaron los representantes de los autónomos de este encuentro es que “el Gobierno tiene claro que las ayudas a determinados colectivos deben ir más allá del 30 de junio”, dijo ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor tras el encuentro. Aunque no precisaron cuáles serán estos trabajadores que mantendrían los beneficios que tienen actualmente, acordaron con el Ejecutivo monitorizar las actividades para decidir conjuntamente quienes seguirán bajo protección.

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El Real Decreto-ley 15/2020 recoge la información necesaria sobre cómo puede solicitar el cese de actividad el trabajador autónomo. Esta prestación extraordinaria la tramitan las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El Real Decreto recoge que la solicitud de la prestación del cese de actividad debe realizarse a través de las mutuas.

El decreto establece que se pueden acoger a la prestación por cese de actividad aquellos autónomos que hayan visto una minoración de ingresos por debajo del 75% o que se hayan visto obligados a cerrar sus negocios debido al decreto del estado de alarma.

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