La planificación de las vacaciones de verano es un momento siempre complicado para las empresas. El derecho al descanso de la plantilla debe equilibrarse con las necesidades de producción de la compañía, una conjunción de intereses que no siempre es fácil de cuadrar. Este año, no obstante, la dificultad es mucho mayor. Los ERTE, el permiso retribuido recuperable y la delicada situación económica han multiplicado las consultas a los especialistas en derecho laboral sobre cómo deben concederse los días y semanas de libranza.

La respuesta, no obstante, no siempre es clara. Como explican diversos abogados, si bien existen pautas generales, también se van a plantear multitud de situaciones no resueltas. Por ello, recomiendan la máxima predisposición al diálogo y la negociación de ambas partes.

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El Gobierno ha anulado la suspensión de las obras en viviendas habitadas que se decretó el 12 de abril para evitar el riesgo de contagio por COVID-19 en edificios residenciales habitados. Desde este lunes e independientemente de la fase en la que se encuentre el territorio, podrán reanudarse las reformas, eso sí, garantizando las medidas de higiene y la distancia social de dos metros interpersonal.

Así lo establece la orden ministerial de Sanidad publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica  en la disposición adicional quinta la anterior norma de estado de alarma por la que se suspendieron dichas actividades.

En concreto, la orden elimina la suspensión de las actividades de intervención en edificios donde exista el riesgo de contagio para el resto de las personas.

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El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, la norma para conceder un Ingreso Mínimo Vital a unas 850.000 familias que considera que no disponen de ingresos suficientes para la supervivencia, y que agrupan a 2,3 millones de personas. La Seguridad Social estima que podrá abonar de oficio, sin que la soliciten, la ayuda a cien mil hogares por estar identificados y monitorizados por los datos fiscales. Los primeros abonos se realizarán ya en el mes de junio.

La puesta en marcha de esta nueva prestación de la Seguridad Social, que tendrá un carácter subjetivo como todas las prestaciones públicas y que por tanto se percibe mientras se reúnan las condiciones establecidas, fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tendrá un coste de algo más de 3.000 millones de euros, y una cuantía por hogar variable, en función de las circunstancias personales, pero que oscilará entre los 461 euros y algo más de 1.000. Será, además, compatible con el pago de prestaciones de similar naturaleza establecidas en las comunidades autónomas.

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Hay que recordar que el Ejecutivo impuso el 27 de marzo una prohibición de los despidos en las empresas que generó un profundo malestar entre los empresarios. «No se podrá usar el Covid-19 para despedir». Así de tajante se manifestó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar que se prohibían temporalmente los despidos por motivos económicos, organizativos o de causa mayor. Pues bien, el Real Decreto que alargó los ERTE hasta el 30 de junio y que obedecía a un Acuerdo entre patronal y sindicatos en el que en el último momento se incluyó la posibilidad de que las empresas en un ERTE con empleo de temporada puedan despedir antes de que se cumplan seis meses tras el ERTE, introdujo una importante novedad que ha pasado desapercibida. Su Disposición final segunda modifica el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, y establece que «los artículos 2 y 5 mantendrán su vigencia hasta el 30 de junio de 2020». El citado artículo 2 de «medidas extraordinarias para la protección del empleo», establece que «la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción […] no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido». En este caso, la causa de fuerza mayor son los problemas que puedan tener las empresas como consecuencia del coronavirus. El Decreto de marzo vetó esta fuerza mayor.

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El Tribunal Supremo se dispone a zanjar un largo pulso entre los consejeros empresariales y el fisco. Sus magistrados han aceptado pronunciarse para aclarar definitivamente si la exención del IRPF sobre las rentas obtenidas en el extranjero que recoge la legislación tributaria española es aplicable a los miembros de consejos y a los administradores empresariales o es una ventaja fiscal solo destinada a trabajadores asalariados. De momento, la Agencia Tributaria viene negándose a aplicarles esta exención tributaria, mientras que los altos cargos han logrado ya una importante victoria en este terreno en la Audiencia Nacional. El alto tribunal español tendrá ahora la última palabra.

El elemento en cuestión es la aplicación del artículo 7 p) de la Ley 35/2006 de IRPF, que prevé la exención de los rendimientos del trabajo percibidos por residentes en España a cambio de tareas laborales efectivamente realizadas en el extranjero. Para gozar de esta ventaja fiscal se requiere que esos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España, o para un establecimiento permanente radicado en el extranjero y, a la vez, que el territorio en el que se llevan a cabo estas tareas aplique un impuesto análogo al IRPF.

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