Una supuesta notificación de un proceso extrajudicial del Ministerio de Trabajo. Es la nueva estafa contra los trabajadores autónomos. Estos profesionales reciben supuestamente un correo electrónico con el asunto ‘Fdw: Urgente – Proceso de trabajo Extrajudicial N.º (números aleatorios)’ que resulta ser un troyano.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado sobre una supuesta campaña de suplantación dirigida a los trabajadores autónomos y difundida a través del correo electrónico. Según han alertado, los ciberdelincuentes tratan con esta técnica de confundir al receptor para que se piense que le contacta el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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El Juzgado número 26 de Barcelona ha dictado una novedosa sentencia por la que eleva de 4.219  a 60.000 euros la indemnización que una empresa deberá pagar a un empleado por su despido improcedente, producido durante el estado de alarma. Según el juez, la cuantía inicial, fruto de la aplicación de las reglas de cálculo contenidas en la ley, no resulta lo suficientemente «disuasoria» para penalizar la actitud de la compañía, ni compensaba de forma adecuada al trabajador por la pérdida de su ocupación.

El demandante, un trabajador argentino, había migrado a España desde su país en octubre de 2019 con razón de su contratación por la organización, una multinacional dedicada al arrendamiento de oficinas. Sin embargo, en abril de este año, en plena crisis del Covid, la dirección le comunicó su despido sin argumentar más motivo que «un plan de reorganización interna para la mejora de la eficiencia» del departamento del que formaba parte.

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Los líderes de las patronales, Antonio Garamendi por la CEOE y Gerardo Cuerva por Cepyme, y el de la UGT, Pepe Álvarez, han hecho llegar a la ministra de Trabajo, de manera informal, su deseo de que la prórroga de los Ertes más allá del 30 de septiembre no se limite al finales de año, sino que se establezca un nuevo plazo hasta la primavera del próximo año.

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Respetar la distancia de seguridad entre compañeros. Usar el gel hidroalcohólico con frecuencia. Llevar siempre la mascarilla en los espacios comunes. Estas son algunas de las medidas que se le exigen a los trabajadores dentro del ámbito de la empresa para prevenir los contagios de coronavirus. Sin embargo, la semana pasada, Mediaset iba un paso más allá y despedía a su colaboradora Marta López por su actitud más allá de los platós.

López subió varios vídeos a sus redes sociales en los que estaba en un reservado del festival Starlite de Marbella sin llevar la mascarilla. Tras el revuelo, Mediaset publicó que prescindía de sus colaboraciones por, según reza el comunicado oficial, “la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y que por supuesto exige esta compañía”.

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Aquellos trabajadores que lleven desde el mes de marzo, y de manera ininterrumpida, en erte verán reducido el importe de su prestación por desempleo. Una reducción que puede afectar a  miles de personas en España, principalmente en el sector de la hostelería y las actividades vinculadas con el turismo que no hayan vuelto a reabrir desde la declaración del estado de alarma. Este descenso en el cobro de la prestación se producirá, si no hay cambio normativo que lo evite, a partir de la nómina del mes de septiembre, que se cobra en octubre, y viene provocada por una de las modificaciones introducidas en la última reforma laboral del PP.

Un trabajador, al darse de alta para cobrar el paro, comienza percibiendo el 70% de su base reguladora, con un límite de entre 1.098,09 y 1.411,83 euros al mes;  según el número de hijos. Al cabo de seis meses de cobrar dicha prestación, el importe baja y se reduce al 50% de la base reguladora. Este fue uno de los muchos cambios que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en la normativa laboral con su reforma. Antes, a los seis meses el descenso era del 70% al 60%.

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