Así lo ha señalado tras recibir una demanda el 28 de septiembre en la que se solicitaba que se reconociera el derecho del demandante a percibir la prestación por cese de actividad correspondiente al tercer trimestre del año.

En la demanda, el solicitante alegaba que, al contrario de lo que decía la Mutua Fremap, «la prestación no era incompatible con el trabajo por cuenta ajena en situaciones previas de pluriactividad».

En los fundamentos de derecho, el juez señala que la prestación por cese de actividad es extraordinaria y viene a «cubrir una situación verdaderamente acuciante y urgente» para permitir la posibilidad de continuidad futura de la actividad por cuenta propia y el mantenimiento de unos ingresos mínimos que permitan al trabajador autónomo atender sus necesidades personales y familiares más esenciales.

Así, estimó el derecho a la prestación del demandante por un importe de 1.416,60 euros, lo correspondiente al periodo que va entre el 1 de julio y el 30 de septiembre (472,20 euros brutos al mes), y condenó a la mutua Fremap a hacer frente al pago y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a «estar y pasar por el pronunciamiento de condena de la mutua, con arreglo a posibilidades legales».

En declaraciones a Europa Press, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha recordado que defendió que la prestación era compatible con la pluriactividad y que, entre julio y septiembre, «en ningún sitio se decía que fuese incompatible con la actividad».

Leer la noticia completa – click aquí

El legislador español ha optado por un período de referencia de 90 días para considerar la existencia de un despido colectivo que se debe computar antes de la fecha en la que tuvo lugar el despido individual. Ahora se encarga el TJUE de aclarar cómo debe computarse desde un punto de vista temporal el período de referencia previsto por la normativa nacional.

Lo ha hecho en la sentencia de 11 de noviembre de 2020, en el asunto c-300/2019. Entiende que, a los efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el período de referencia para determinar la existencia de un despido colectivo ha de calcularse computando todo período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a los trabajadores. 

Entenderlo de otro modo vulneraría la finalidad última de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos pues no se debe dejar a los tribunales nacionales la facultad de computar los despidos producidos antes o después de la fecha del despido individual impugnado, y subraya la sentencia que el período de referencia debe ser continuo.

Leer la noticia completa – click aquí

La emergencia del coronavirus ha colapsado muchos servicios públicos. No sólo las urgencias hospitalarias y la atención primaria se han visto superadas por la pandemia, el Servicio Público Estatal de empleo (SEPE) también ha padecido las consecuencias de la covid-19.

Ante la fuertes consecuencias laborales de la pandemia, el Ministerio de Trabajo desplegó un escudo social para no repetir los pasos de la anterior crisis del 2008 que desencadenó en millones de trabajadores en paro. Entre las medidas más importantes se pusieron en marcha los ERTE y la salvaguarda del empleo, las ayudas a los autónomos, a la cultura, a los trabajadores temporales, fijos discontinuos y la nueva ayuda para parados de 430 euros.

Un fuerte despliegue de medidas de protección laboral cuya gestión ha recaído en una plantilla del SEPE muy mermada y con unos medios muy precarios, ya que el sistema informático que utilizan para llevar a cabo dichas tramitaciones tiene más de 35 años.

Leer la noticia completa – click aquí

Los colectivos de autónomos vinculados a patronales y sindicatos reclamaron este miércoles al Govern un plan urgente para el sector tras el fracaso de las ayudas de 20 millones de euros puestas en marcha esta semana. El martes se cubrieron en solo unas horas las 10.000 prestaciones disponibles para un universo potencial de casi 600.000 personas. El colapso del sistema informático hizo aún más arbitrario quién se beneficiaba de las ayudas. Las organizaciones creen que debería articularse un sistema que no dependa de la “suerte” para conseguir las ayudas y que pueda segmentarse para que llegue a aquellos que más lo necesitan.

Fuentes de la Conselleria d’Economia explicaron este miércoles que el grupo interdepartamental que se ha creado tras el fracaso de esta semana está analizando el formato de las ayudas para el colectivo. La idea con la que se trabaja es que sea duradera en el tiempo y que llegue a los que más la necesiten.

Leer la noticia completa – click aquí

El Gobierno ha decidido flexibilizar el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión temporal de la actividad para que más autónomos de la hostelería puedan beneficiarse, según ha informado este martes el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El decreto en el que se establecieron las ayudas recogía que podían acceder quienes estuvieran “afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus Covid-19”. Pero como ahora se permite una actividad parcial con la entrega a domicilio o con recogida, se estaban rechazando algunas de estas ayudas si el autónomo estaba sin actividad alguna.

Leer la noticia completa – click aquí