El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) lleva tres meses de retraso en el reconocimiento del paro y no ha pagado la prestación a ningún nuevo desocupado desde el 12 de agosto en la demarcación de Barcelona, ​​según ha podido saber el ACN. Así, en noviembre sólo cobrarán los parados que presentaron la solicitud antes de ese día. El desfase nace de la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) registrados durante el confinamiento.

En un inicio, la tramitación del paro iba al día y la de los ERTE no. El organismo decidió “equiparar el retraso” de ambos procesos y dedicar más personal a los expedientes. El ente está por arreglar multitud de errores de la primera ola, en la que el 70% de los ERTE no entraban en el sistema.

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El Gobierno anunció hace pocos días la aprobación de un fondo de pensiones de titularidad pública, que será gestionado por una entidad privada y que servirá para dinamizar el ahorro a largo plazo para los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Ahora bien, son muchos los flecos y los detalles que aún faltan por establecer en torno a un fondo de pensiones que en uno de sus aspectos fundamentales, supondrá un ahorro para los trabajadores que se adscriban al plan en su respectiva declaración de la renta. Así, aunque no se conocen los porcentajes y niveles de desgravación fiscal asociados a las aportaciones sí que estas tendrán una repercusión en forma de ahorro en la declaración anual de la renta al suponer una desgravación en el IRPF.

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Los trastornos psicológicos derivados de una agresión sexual que ocurrió en el trabajo son accidente laboral. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en el que una sentencia (accede aquí al texto íntegro) en la que da la razón a una trabajadora y declara que existe un vínculo directo entre el centro y el episodio que originó las bajas médicas por ansiedad y depresión.

Según recoge el fallo, la empleada tiene una discapacidad mental del 33% y prestaba servicios como limpiadora en un centro psiquiátrico. El ataque fue perpetrado por uno de los pacientes y, pese a que se comenzó un proceso penal contra él, la causa fue finalmente sobreseída de la causa porque el agresor era inimputable. Este concepto legal hace referencia a aquellas personas que no pueden ser consideradas responsables penalmente de un ilícito porque no pueden comprender sus actos o las consecuencias de estos (por ejemplo, padecer un transtorno de enajenación mental).

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se estrena esta año como un Organismo Autónomo, y por tanto, con líneas de actuación propias. Entre una de las primeras medidas que adoptará, es la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta oficina potenciará las inspecciones en esta materia, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

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Trabajo prepara un reglamento para actualizar las sanciones laborales y de Seguridad Social con la inflación desde 2008. La infracción muy grave en riesgos laborales puede superar los 900.000 euros.

El Gobierno quiere que los empresarios y, en su caso, los trabajadores, comprueben que transgredir la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social les puede salir muy caro. Y para disuadirles de cometer una infracción, el Ejecutivo está dispuesto a subir un 14,3% el importe de las sanciones. Es decir, lo que ha subido el Índice de Precios de Consumo (IPC) desde 2008 hasta el pasado mes de septiembre, porque la última vez que se actualizaron las cuantías de las sanciones fue en 2007.

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