Los profundos cambios que ha experimentado el mercado laboral en todo el mundo provocados por la pandemia de coronavirus posiblemente hayan llegado para quedarse. La pandemia, que hasta ahora ha infectado al menos a 90,5 millones de personas y ha causado la muerte de 1,9 millones en todo el mundo, ha afectado drásticamente a industrias y trabajadores en casi todos los países del mundo desde sus primeros compases debido a la imposición de confinamientos y las consecuencias que de ellos se han derivado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el impacto de las enormes pérdidas de empleos en todo el mundo está creando brechas fiscales que amenazan con aumentar la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres. La OIT calculó que el ingreso laboral global cayó un 10,7%, o 3.500 millones de dólares, en los primeros tres trimestres de 2020 respecto al mismo período de 2019, excluyendo las medidas de apoyo gubernamentales.

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Proyecta un recorte de deducciones en la reforma fiscal que quiere poner en marcha este año, que se suma al tijeretazo a las empresas que asestan los Presupuestos de 2021. En revisión, más de 3.500 millones de beneficios fiscales.

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Las empresas debían de haber seguido dando tickets de comida a sus empleados a pesar de estar en pleno estado de alarma. Una sentencia dictada por la Audiencia Nacional así lo ratifica. La sentencia ha sido favorable a los trabajadores al considerar que la empresa tenía que haber seguido otorgando los tiques de comida a pesar de la pandemia.

A raíz de la declaración del estado de alarma algunas empresas optaron por eliminar estos beneficios. La decisión puede provocarles ciertos problemas judiciales con sus empleados. La Audiencia Nacional ya ha dado la razón a los trabajadores de una empresa por esta cuestión, informan desde el portal Noticias Jurídicas.

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Como todos los últimos años, en 2021 cambian las condiciones de acceso a la pensión de jubilación de la Seguridad Social, así como la fórmula de cálculo de la cuantía de la primera prestación. Desde enero de 2013 se aplica una profunda reforma aprobada en 2011 para reforzar la contributividad del sistema público de retiro (cobrar cantidades más acordes con las aportadas) que culminará en 2027. Y todos y cada uno de los años hasta tal fecha incorporan cambios importantes que deben tener en cuenta quienes lleguen a la edad de retiro, y que serán de cumplimiento obligado hasta que una nueva reforma del sistema, que las circunstancias parece que harán inevitable, las modifique de nuevo.

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