El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, tal y como avanzó este diario hace unas semanas, si bien el sector empresarial asegura que no es el momento de continuar con la senda de incremento del SMI -cabe recordar que el Gobierno de coalición se ha comprometido a situarlo en el 60% del sueldo medio en España, lo que implicaría su subida hasta los 1.200 euros mensuales- en un periodo de crisis económica azuzada por la pandemia y las restricciones impuestas desde los gobiernos de todos los países del mundo para frenar los contagios y la crisis sanitaria.

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La presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Christa Schweng, dice que «evidentemente es posible» que las empresas eviten contratar a un trabajador si no quiere vacunarse contra el covid-19. «Como empresario, puedo decidir con quién firmo un contrato», dice la presidenta de este órgano consultivo de la Unión Europea, que emite dictámenes a las instituciones comunitarias en representación de empresarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.

Schweng sostiene que «el trabajador puede decidir si quiere trabajar» para la empresa o no en caso de que se exija la vacuna para firmar un contrato, aunque «se tendría que ver si un empresario quiere solo a personas vacunadas en su empresa». «No sé lo que harán», comenta. 

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Tener un hijo en edad escolar no es suficiente para adaptar el horario laboral. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia en una reciente sentencia en la que declara que el derecho de adaptación de jornada recogido en el artículo 34.8 (el conocido como «jornada a la carta») no es absoluto, sino que exige una ponderación entre los intereses del empleado y la empresa.

El tribunal recuerda que la petición de concreción horaria «debe ser razonable y proporcionada» en relación con las necesidades organizativas y productivas de la empresa y, a su vez, con las de conciliación del trabajador. La ley, por tanto, exige considerar ambas realidades «con la finalidad de llegar a una solución de consenso».

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La Tesorería General de la Seguridad Social ha anunciado que la cuota de noviembre vendrá acompañada de un cargo adicional del mes de septiembre por la subida retroactiva de 2020, que quedó pospuesta por la pandemia. Ya en octubre, los trabajadores por cuenta propia sufrieron el primer incremento en la cuota por la subida prevista de 2,8 euros si cotizan por la base mínima y de 12,2 euros por la máxima. Pero este mes tendrán que pagar otros 2,8 euros y 12,2 euros extras a la subida aplicada. A falta de confirmación oficial, las cuotas a la Seguridad Social durante los próximos meses llevarán recargos adicionales para compensar el alza de este año. La situación para los autónomos se puede complicar para 2021 cuando está acordado un nuevo incremento. Los autónomos piden frenarlo.

Con la actividad económica a medio gas por culpa de la segunda ola de contagios de coronavirus y un aumento de restricciones y con unas pésimas perspectivas para la campaña de Navidad, los autónomos afrontan una escalada de las cuotas a pagar a la Seguridad Social por el incremento de los tipos de cotización por cese de actividad y por contingencias profesionales establecidos para el período 2019-2021.

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A escasas horas de que el Congreso de los Diputados de luz verde a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones, son varios los puntos que aún quedan por despejar de los futuros cambios en la ley de Seguridad Social. Una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado que abordará para el refuerzo del Sistema es aproximar la edad real de retiro del mercado laboral (62 años y 7 meses) a la edad legal de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses. En este sentido, los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.

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