La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de sancionar a un pequeño despacho de abogados con 10.000 euros (posteriormente reducidos a 6.000 euros por reconocimiento de culpa y pago voluntario) por el envío de un e-mail sin incorporar a los distintos destinatarios en copia oculta.

La sanción, de 2 de diciembre de 2020, no es la primera en castigar este tipo de malas praxis en España, pero presenta algunos aspectos destacables, como que en una única acción denunciada (el envío del e-mail) es considerada por la AEPD como causante de dos infracciones normativas independientes.

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La propuesta que baraja el Gobierno sobre un posible aumento del periodo de 25 años a 35 años cotizados para el cálculo de la pensión que ha trascendido en los últimos días tendrá un impacto heterogéneo entre los futuros jubilados de nuestro país. Si bien los expertos calculan que un trabajador medio, con una carrera de cotización ordinaria -con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social- sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media, para otros empleados, la medida supondrá un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de la prestación respecto a lo que cobraría con la legislación actual.

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El Ministerio de Trabajo pilló ayer con el pie cambiado a los representantes de la patronal y los sindicatos. Estos acudieron a una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para conocer la postura del Gobierno en torno a la subida del salario mínimo interprofesional, y sus cifras, pero se encontraron con una oferta de negociación que no esperaban.

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha confirmado el derecho de una mujer a acceder a la prestación no contributiva de desempleo, rechazando así el recurso interpuesto por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que impugnó su concesión alegando que las rentas mensuales de la unidad familiar de la solicitante superaban el umbral del 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). La sentencia se basa en que el organismo, en su labor de comprobación, accedió de forma ilícita a los datos fiscales del padre de los hijos de la afectada.

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El Gobierno socialista francés de Lionel Jospin fue pionero en el mundo hace ya 20 años aprobando en el año 2000 la semana laboral de 35 horas. Dos décadas después esa normativa se ha ido descafeinando pero se mantiene en su esencia pese a la multitud de críticas que recibe incluso desde el ala más moderada de la izquierda. Pero el ejemplo francés no ha desanimado a otros países como Nueva Zelanda, cuya primera ministra Jacinda Ardern, ha anunciado recientemente que su Gobierno considera apoyar la semana laboral de cuatro días para fomentar el turismo doméstico y como medida para estimular la economía.

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