El plan presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros del martes y presentado ayer ante el Congreso de los Diputados es el más expansivo de la historia y goza de un marcado carácter social. Sin embargo, las cuentas contemplan la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI), después de que este haya experimentado un alza del 29% en solo dos años a cuenta de los actuales dirigentes del Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo monocolor de Pedro Sánchez lo incrementó un 22%, de los 733 a los 900 euros mensuales, en 2019, mientras que el Gobierno de coalición formado ya por PSOE y Unidas Podemos arrancó su mandato incrementando la cuantía este año de los 900 a los 950 euros en 14 pagas.

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El Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia conocida hoy que para determinar la base reguladora de la pensión de un trabajador que proceda de una jubilación parcial debe computarse el 100% de cotizaciones del periodo en el que ha trabajado de forma reducida por estar retirado parcialmente, esto es, como si durante ese tiempo hubiese trabajado a jornada completa.

El Alto Tribunal debía de determinar –en un recurso de casación para la unificación de doctrina– cuál debe ser la base reguladora de la pensión de jubilación de un trabajador, cuando ha venido precedida de la jubilación parcial del interesado, con la celebración simultánea de un contrato de relevo por parte de la empresa.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso de Alternativa Sindical Obrera y Confederación Territorial de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura de la Confederación Regional de Trabajo contra una conocida cadena textil. Los sindicatos reclamaban que la empresa había cambiado unilateralmente las condiciones laborales aprovechando la situación de pandemia. El TSJ ha desestimado la pretensión al considerar que las decisiones y medidas adoptadas estaban justificadas por razones de seguridad y salud.

Según el fallo (de 25 de junio de 2020, referencia 688/2020), la conocida cadena de tiendas de ropa, tras el cierre temporal de los centros educativos, instauró en un primer momento determinadas condiciones de flexibilidad para la atención de los hijos menores de su personal, y paulatinamente a la vista de como se desarrollaban los pedidos on line, otras medidas de seguridad y salud, y de organización del trabajo.

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A partir de este martes, cualquier teletrabajador ya puede pedir a su empresa que le dote de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo de su trabajo a distancia. Y es que ya se cumplían los 20 días para que entrara en vigor el RDL de trabajo a distancia. La norma trae consigo, además, la aparición de una nueva infracción en el Orden de lo Social, pues las empresas que no formalicen en el contrato de sus teletrabajadores el acuerdo de trabajo a distancia incurrirán en una infracción grave que puede acarrear una sanción que varía entre los 626 y los 6.250 euros. Bien es cierto, según los laboralistas consultados por eE, que esta sanción es improbable que se dé de forma inmediata, pues existen varios periodos transitorios para adaptarse a esta exigencia.

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El Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo alcanzado con las organizaciones empresariales y sindicales para prorrogar las condiciones especiales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero. Estas son las nuevas reglas que regirán esta herramienta los próximos cuatro meses:

¿Qué empresas pueden acogerse a uno de los ERTE con condiciones beneficiosas por la pandemia?javascript:false 

Las compañías que atraviesen dificultades económicas causadas por la pandemia podrán solicitar algún tipo de ERTE bonificado. Esto cubrirá a la inmensa mayoría de las empresas, si bien, dependiendo de si ya tienen un ERTE previo, del sector en el que desarrollen su actividad o del tipo de restricción por el que se vean afectados podrán acogerse a una modalidad u otra, con sus correspondientes exoneraciones que van entre el 50% y el 100% según los casos.

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