El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha confirmado el derecho de una mujer a acceder a la prestación no contributiva de desempleo, rechazando así el recurso interpuesto por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que impugnó su concesión alegando que las rentas mensuales de la unidad familiar de la solicitante superaban el umbral del 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). La sentencia se basa en que el organismo, en su labor de comprobación, accedió de forma ilícita a los datos fiscales del padre de los hijos de la afectada.

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