La utilización masiva de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la actual crisis económica causada por la pandemia mundial de Covid-19 ha cambiado la óptica desde la que las empresas abordan sus ajustes de costes. Gracias a esta herramienta, que ha llegado a proteger el empleo de 3,4 millones de asalariados, la destrucción de empleo entre mediados de marzo y finales de abril (cuando desaparecieron casi un millón de empleos casi todos temporales) no fue mucho mayor.

Ante esta evidencia, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social debería abordar si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”.

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