La Agencia Tributaria realiza regularmente inspecciones para prevenir los delitos de fraude fiscal. Las suele realizar aleatoriamente, aunque con causas justificadas. Algunas de ellas, según detallan desde el portal Infoautónomos, tienen que ver con la solicitud de grandes devoluciones de IVA, tener una gran cantidad de gastos deducibles o haber recibido algún tipo de subvención.
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La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Consejo de Colegios de Graduados Sociales unen fuerzas para apoyar a los trabajadores autónomos. Ambos colectivos se han aliado para defender a los autónomos y para elaborar propuestas legislativas que eliminen las trabas con las que se encuentran estos profesionales.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el presidente del Consejo de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, han mantenido una reunión en la que han abordado las prioridades del colectivo. Entre ellas destaca la puesta en marcha de programas de Segunda Oportunidad para los autónomos. Según los representantes de ambas organizaciones, con estos programas se pretende ayudar a autónomos y pymes y entender las tendencias y necesidades empresariales, así como los hábitos de consumo.
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Los cambios en los contratos formativos en la modalidad «de obtención de práctica» que ha presentado el Ministerio de Trabajo incluyen una reducción del salario para estos trabajadores frente al propuesto en el anterior borrador, de mediados de julio. Así, el nuevo texto de negociación establece como retribución «la fijada en el convenio colectivo aplicable a la empresa para estos contratos o, en su defecto la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas». Inferior a la versión anterior que exigía el mismo salario que el «fijado en el convenio colectivo para el grupo profesional y nivel salarial correspondiente a las funciones desempeñadas». Los sindicatos han apoyado esta rebaja. El Gobierno ya redujo anteriormente el salario previsto para los trabajadores en la modalidad de formación dual.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado firme la sentencia que da la razón a una oficial de la Guardia Civil contra la decisión de la Dirección General del Instituto Armado que, tras un embarazo de riesgo por mellizos en 2018, acordó quitarle la cantidad que venía percibiendo mediante el complemento de productividad. Así, declara firme su sentencia de 25 de junio de 2021.
En dichas resoluciones, a la que ha tenido acceso Europa Press, estimaba el recurso de la capitana contra el criterio de la Guardia Civil, ya que entiende que tiene derecho a percibir el complemento de productividad previo a su embarazo de forma íntegra.
La oficial de la Guardia Civil dejó de percibir parte de la productividad estructural durante los meses de baja por embarazo de riesgo y permiso de maternidad, en concreto durante los meses de febrero a julio de 2018, decisión que fue recurrida por la defensa, ejercida por la asesoría jurídica de APROGC, su asociación profesional.
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El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha modificado levemente el diseño del paquete de incentivos fiscales que recogerá la futura ley de vivienda y que tendrá el objetivo de fomentar el abaratamiento de los alquileres en las conocidas como zonas tensionadas. En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha decidido reducir del 10% al 5% la rebaja que los caseros tendrán que llevar a cabo en el precio de las viviendas arrendadas para poder acogerse a la máxima bonificación recogida en la norma, de hasta el 90% de los rendimientos obtenidos. La razón del cambio, avanzan a este diario fuentes de la cartera que dirige Raquel Sánchez, es que a los propietarios de estos inmuebles les compense llevar a cabo este abaratamiento, ya que con el anterior planteamiento la rebaja no estaba asegurada en todos los casos.
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Unas 15.000 personas sin papeles —8.000 de ellas, menores migrantes no acompañados y 7.000 jóvenes de 18 a 23 años que estuvieron tutelados en España— podrán acceder de manera más sencilla a los permisos de residencia y trabajo tras la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
“Vamos a facilitar la incorporación de estas personas en el mercado de trabajo, que puedan tener una vida independiente, simplificamos la carga administrativa y se ajustan los requisitos a la realidad de nuestro país hoy”, anunció ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, desde la sala de prensa de Moncloa.
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El despido de una empleada embarazada es nulo si no hay causa que lo justifique. Pero ¿qué ocurre si la empresa no estaba al corriente de su estado? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que, aunque igualmente se trata de un cese nulo, tiene distintos efectos (acceda a la sentencia aquí).
Y es que tal y como ha indicado el tribunal catalán, la declaración de la nulidad del despido en los supuestos de trabajadoras embarazadas no debe conllevar automáticamente el reconocimiento de indemnización de daños y perjuicios cuando no se declare vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por razón de género.
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La calidad del sistema español de pensiones (públicas y privadas) sigue dejando bastante que desear si se compara con la mayoría de los sistemas europeos y de otros países desarrollados del mundo. Así lo indica la última edición del Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute, que este año ha analizado los sistemas de aseguramiento para la vejez de 43 grandes países de todo el mundo, en cuyo ranking España se ha mantenido más o menos estancada respecto al año anterior. Concretamente, ha obtenido el puesto 24 de los 43 sistemas examinados frente al puesto 22 de 39 países en 2020.
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El Ministerio de de Trabajo ha entregado una nueva propuesta a los agentes sociales para la parte de la próxima reforma laboral relativa a la contratación. En dicho documento, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha recogido propuestas de las dos partes negociadoras (patronal y sindicatos), además de las suyas propias.
En esta nueva propuesta se pone sobre la mesa una medida novedosa para luchar contra el abuso de la contratación temporal, que consiste en impedir que los contratos eventuales se hagan a más del 15% de la plantilla. Limitando así la temporalidad a este porcentaje como máximo en cada compañía, según informó ayer el sindicato UGT al término de la reunión de la mesa del diálogo social para la modernización del mercado de trabajo.
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El teletrabajo ha permitido que los empleados hayan podido conciliar su vida familiar y la laboral, especialmente durante la pandemia. Pero una cosa es que durante el trabajo en remoto se puedan realizar pequeñas tareas domésticas o privadas que no interfieran en la actividad diaria, y otra bien distinta es que el empleado intente colaborar con una empresa de la competencia.
Esto ha sucedido en Cataluña donde una sociedad del sector informático ha despedido a un jefe de sección que acudió durante varios días a la empresa rival sin que fuera autorizado. El despido ha sido declarado procedente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que ha entendido que el empleado, aprovechando las horas de teletrabajo, ha realizado competencia desleal con su empleadora. Puede ver el texto íntegro de la sentencia aquí.
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