Más de 3,3 millones de personas están dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA. El de los profesionales por cuenta propia es un sector que, a su vez, está compuesto de pequeños grupos cubiertos por el mismo tejado, la acción protectora de la Seguridad Social de acuerdo con la normativa que afecta a los autónomos.

Estos trabajadores guardan ciertas diferencias con los del Régimen General en cuanto a su cotización, su jubilación, su derecho a paro…pero, cuando los autónomos deciden iniciar su actividad en el RETA no tienen otra opción. O lo que es lo mismo, están obligados a darse de alta en este régimen.

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, avisó al Gobierno de que tendrá un «problema» para llegar a acuerdos con los sindicatos si intenta facilitar un acuerdo con CEOE devaluando los cambios en la reforma laboral de 2012. El líder sindical hizo esta advertencia a raíz del documento presentado conjuntamente por CEOE-Cepyme el pasado martes en la reunión de la mesa que negocia la reforma laboral. «Si el Gobierno tuviera la tentación de, para facilitar un acuerdo con la patronal, devaluar estos contenidos, con quien va a tener un problema para llegar a acuerdos va a ser con los sindicatos», dijo Sordo. UGT apuntó el martes por la noche que la postura está «muy alejada de los postulados de nuestra organización y entendemos que la misma, además de introducir elementos nuevos , no servirá ni para reducir la precariedad ni la temporalidad».

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El dato adelantado del IPC de noviembre permite hacer el cálculo ya de cuánto se revalorizarán los 9,8 millones de pensiones en 2022. Siempre teniendo en cuenta que la confirmación no será publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el 15 de diciembre, si se confirma que la inflación de noviembre se situó en el 5,6%, las nóminas de los pensionistas subirán un 2,5% el año que viene, cuando empieza a aplicarse la nueva fórmula de revalorización acordada por el Pacto de Toledo y que utiliza el IPC interanual promedio de doce meses para calcular el alza.

La media de los 12 meses (diciembre 2020-noviembre de 2021) es del 2,5%. Es el dato que le faltaba al Gobierno y por el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 aprobados en el Congreso no contemplaban la cifra concreta. Sí recogían ya las cuentas públicas la subida de las mínimas y no contributivas, acordada en un 3%.

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Cuando una persona trabajadora, víctima de violencia de género, se ve obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, tiene derecho preferente a ocupar otro puesto  de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. Para ello, la empresa debe comunicar las vacantes existentes en ese momento o las que se puedan producir en el futuro.

La duración inicial de este traslado o cambio de centro es de 6 meses, durante los que la empresa está obligada a reservar el anterior puesto de trabajo. Una vez terminado este periodo, al trabajador afectado tiene la opción de regresar a dicho puesto o continuar en el nuevo, en cuyo caso decae la obligación de reserva.

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a estos trabajadores que ejerciten su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación.

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El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el primer informe del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados, diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con el resto de ministerios económicos. El texto recoge la arquitectura básica de una de las medidas estrella de este Ejecutivo en materia de previsión social complementaria, que ahora se someterá a los informes pertinentes para ser aprobado en una segunda lectura por el Gobierno antes de final de año y para que este vigente antes de que acabe de junio de 2022.

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