Cuando estalló la pandemia, las empresas mandaron a sus equipos a casa. De la noche a la mañana, personas que no habían funcionado nunca en remoto continuaron de­sempeñando sus funciones desde el salón o la mesa de la cocina con toda la normalidad que fue humanamente posible. Muchos de ellos lo hicieron con sus propios equipos y sufragando los gastos derivados de este cambio, pero, sobre todo, demostraron responsabilidad. Ahora es el momento de devolverles esa confianza, especialmente cuando solo un 20% quiere trabajar presencialmente a tiempo completo, según el informe Cigna 360 Well-being Survey.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC. Este anuncio llega tras las presiones de Unidas Podemos para que el alza de estas prestaciones fuera el próximo año muy superior a la inflación. También los sindicatos hicieron una reclamación en este sentido la semana pasada.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el ministro ha indicado que, al igual que ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones mínimas y no contributivas son un mecanismo «muy potente» para la redistribución de renta y contribuye a ir cerrando la brecha de desigualdad.

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima una ley para simplificar el abanico de ayudas por desempleo que existe actualmente en España, entre las que se encuentran las prestaciones contributivas (normalmente llamado paro), el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción o los subsidios para los trabajadores eventuales agrarios que a día de hoy solo están disponibles en Extremadura y Andalucía.

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El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 965 euros (en 14 pagas); es decir, 15 euros de subida; según confirman fuentes del diálogo social. Las centrales serían proclives de aceptar la última propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ata un incremento por debajo del IPC; a cambio del compromiso de llegar a los 1.000 euros en el 2022. Este último requisito es imprescindible para acabar de atar el acuerdo con los dos sindicatos (CCOO y UGT) y aquí todavía no hay consenso cerrado. De no atarse esta cuestión en las próximas horas -habrá que ver si más o menos informal-, el Gobierno podría verse obligado a legislar unilateralmente y sin el apoyo explícito de los sindicatos.

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Más de 229.000 funcionarios de la Administración del Estado volverán a trabajar presencialmente cuatro días semanales desde el 1 de octubre. Según informó este miércoles CSIF (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios), esta medida, con la que el sindicato ha mostrado su desacuerdo, sustituye al sistema actual que contempla que estos empleados públicos trabajen el 80% de su jornada de forma telemática. El grupo de funcionarios al que afecta esta normativa representa el 8,4% del total de personal al servicio de las Administraciones públicas, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fuera de este régimen quedan Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la Administración de justicia, entre otros.

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