El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del despido de una empleada del hogar que no había comunicado a su empleadora que estaba embarazada, pues considera que se debe aplicar en este caso la protección objetiva del embarazo recogida en el Estatuto de los Trabajadores.

«La extinción del contrato de trabajo de una empleada al servicio del hogar familiar que está embarazada es nula, aunque la empleadora desconozca la situación del embarazo», establece el alto tribunal en una sentencia.

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Faltar al compromiso de contratar a alguien en el último momento puede tener consecuencias para la compañía. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia, en la que ha condenado a la empresa, que ofreció empleo a una mujer y que después se echó atrás, a pagarle una indemnización de 3.600 euros (consulte el texto aquí).

La trabajadora tras recibir la oferta oficial para incorporarse a su nuevo empleo abandonó voluntariamente el que era su puesto de trabajo en ese momento en otra empresa. Sin embargo, apenas un día antes de la fecha fijada para comenzar a trabajar en la nueva compañía, ésta le comunicó que finalmente no iban a contratarla porque habían recibido malas referencias suyas.

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Las empresas que estando en Erte o dentro del Mecanismo RED contraten a personas para cubrir funciones que pueden ser desarrolladas por su personal tendrán que abonar una sanción que oscila entre 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. La gran novedad es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, las infracciones graves similares se sancionaban con 8.000 euros por empresa y a partir de hoy será de hasta 10.000 euros, por cada trabajador contratado.

Esta infracción -aprobada en los últimos días de negociación- sometida a esta nueva modalidad de sanción, se suma a otra queel Gobierno presentó en el borrador del 25 de noviembre sobre la transgresión de los contratos temporales en fraude de ley. Regulada por el artículo 7.2 de la Lisos, ya se añadía específicamente que «a estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas afectadas».

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La Comisión de Salud Pública ha acordado este miércoles reducir de 10 a siete días el aislamiento de los positivos por Covid-19 que son asintomáticos. La medida, tomada por unanimidad, entrará en vigor mañana, pero su efecto no es retroactivo, por lo que solo aplicará para los pacientes que sean diagnosticados a partir de ese momento. Así lo ha informado la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.

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La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha lanzado una propuesta para apoyar a los trabajadores autónomos mayores de 52 años cuando se queden sin las ayudas por cese de actividad.

La organización plantea el mantenimiento de algunos requisitos que ya tienen los trabajadores por cuenta ajena. Uno de ellos es que a la hora de solicitar la prestación, los trabajadores tengan 52 años cumplidos. Además, les han pedido tener cotizados como mínimo 15 años en cualquier régimen de la Seguridad Social.

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