El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha promovido una serie de iniciativas legislativas para impulsar la previsión social empresarial complementaria al sistema público de pensiones.
La estrategia contempla varias líneas de actuación. Una de ellas tiene que ver con el incremento de los límites de aportación y deducción en el IRPF de los planes de pensiones de empleo.
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Puñetazo encima de la mesa de la patronal y los sindicatos y ‘no’ rotunda al Gobierno sobre su última propuesta para reformular el mecanismo de los nuevos ertes. Los agentes sociales se han manifestado claramente en contra de la propuesta del ‘Mecanismo RED’ diseñado por el Ejecutivo y que han tratado en la reunión de este miércoles de reforma laboral. Los agentes sociales, cada uno por su lado, han coincidido en manifestar su disconformidad tanto con el contenido, como con que el mismo complica el poder alcanzar un acuerdo que englobe esta y el resto de materias que han ido tratando estos meses. «Pone en riesgo el acuerdo», ha alertado CCOO. «Complica la posibilidad de llegar a un acuerdo», coincide la patronal CEOE.
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Las exigencias de Bruselas para recibir los fondos europeos incluyen una que motivó, hace un año, una de las polémicas más virulentas en el seno del Gobierno de coalición: la necesidad de aumentar el número de años de la carrera profesional de los trabajadores que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión. Lo dice el Operational Agreement, el documento, hecho público este miércoles, que acaban de firmar Gobierno y Comisión Europea y en el que se fijan los hitos que hay que alcanzar para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones para la economía española.
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El Gobierno ya ha trasladado a los sindicatos una primera propuesta para los nuevos ERTE. Llevarán el nombre de Red y como principales novedades tendrán aparejado un fondo propio para financiarlos, una prestación nueva que no consumirá desempleo e incluirá formación para que los trabajadores puedan adquirir nuevas capacidades y encontrar un nuevo empleo, según ha avanzado el diario El País.
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El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales incrementar las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales frente a los 0,5 puntos planteados en un inicio durante una década para dotar el Fondo de Reserva o hucha de las pensiones, con intención de afrontar el aumento previsto con las futuras jubilaciones.
La propuesta trasladada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta mañana y compartida por fuentes sindicales rediseña el reparto también, ya que propugna por que las empresas asuman 0,4 puntos del aumento y el 0,2 restante sean a cargo de los trabajadores frente al reparto al 50% planteado en un inicio.
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Los trámites para darse de alta como autónomo no son tan sencillo como uno se puede imaginar. En algunas ocasiones, la falta de experiencia y asesoramiento podría ocasionar que los trabajadores cometan errores que afecten directamente al bolsillo. Las sanciones pecuniarias o la pérdida de ayudas son algunas de ellas.
Estos son los errores más frecuentes durante este proceso y cómo se pueden evitar.
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En estas negociaciones, hay gran consenso en que la temporalidad es una de las grandes anomalías del mercado laboral español, pero todavía hay más disenso en las fórmulas para reducirla. Y es precisamente esta discrepancia la que se está convirtiendo en el gran obstáculo para la reforma laboral. Hay otros temas conflictivos sin duda en una reforma planteada como una gran transformación, pero la prevalencia del convenio de sector está ganando adeptos, aunque no es el caso de la CEOE, y la indemnización por despido no entra de momento en la baraja.
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El malestar de la patronal por el alza de costes empresariales que viene impulsado el Gobierno, en forma de subidas del salario mínimo, cotizaciones o impuestos, ha ido in crescendo en las últimas semanas y se convertía ayer en un clamor público.
Las señales son crecientes desde que los empresarios dijeran basta el pasado 16 de septiembre al negarse a firmar, junto a los sindicatos y el Gobierno, un nuevo acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional otro 1,6% hasta los 965 euros. El Ejecutivo socialista ya había contado con el respaldo empresarial –no sin contestación interna en la patronal CEOE-Cepyme– para los dos anteriores incrementos del salario mínimo. En 2019, se produjo un primer incremento del 22,3% de esa renta, que fue inédito por su magnitud, ya que pasó de golpe de 735,9 euros a 900 euros mensuales (en 14 pagas). Después vinieron otras dos subidas. En total, desde que gobierna Sánchez el salario mínimo ha subido 229 euros, un 31%. El impacto en las cuentas de las empresas de estas subidas no afectan exclusivamente a los trabajadores que cobran el salario mínimo, que no llegan al medio millón, sino que tienen un efecto empuje en las escalas salariales más bajas de los convenios que tienden a subir en siguientes negociaciones.
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El Gobierno celebró ayer la primera reunión de la mesa del diálogo social para modernizar el mercado laboral a la que asistieron por primera vez –además de los dirigentes y técnicos del Ministerio de Trabajo, que venían liderando la negociación en solitario–otros responsables de los Ministerios de Seguridad Social y de Asuntos Económicos.
Había mucha expectación de los interlocutores sociales y de la opinión pública por ver cómo se había recompuesto el liderazgo del Gobierno en esta negociación de la reforma laboral tras el enfrentamiento protagonizado en los últimos días por las dos vicepresidentas del Gobierno, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero, sobre todo, patronal y sindicatos estaban expectantes por saber si la fractura (en teoría ya cosida) dentro del Ejecutivo se trasladaría a las propuestas de la mesa.
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En la reforma laboral, la coalición de Gobierno lleva días conjugando verbos muy diferentes. A la fidelidad de Yolanda Díaz con el término “derogar” se opone la alergia de Nadia Calviño a utilizar este vocablo, al que substituye siempre por “modernizar”. En zona variable se sitúa quien acabará decidiendo, Pedro Sánchez, que puede ir del “derogar la reforma laboral” que manifestó en el Congreso del PSOE al “cambiar algunas cosas” de este fin de semana en el G-20.
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