En la relación laboral que mantiene con su empresa cuando firma un contrato de trabajo, el trabajador tiene una serie de derechos a los que se suman también ciertas responsabilidad obligaciones que, de incumplirse, pueden conllevar incluso un despido y la finalización de la relación y la extinción de contrato correspondiente.

En estos procesos la empresa puede decantarse por un despido disciplinario, regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que lo define como el que está basado «en un incumplimiento grave y culpable del trabajador».

En el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores se recogen las causas por las que el empresario puede iniciar ese despido: faltas repetidas e injustificadas o impuntualidad en el trabajo, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario, compañeros o sus familiares, la transgresión de la buena fe contractual, el abuso de confianza, la embriaguez, la toxicomanía, la disminución del rendimiento deliberada o el acoso por causas de origen étnico, racial, de religión, orientación sexual, convicciones, edad, discapacidad…

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En buena parte de los casos, los trabajadores tienen derecho a cobrar el paro, la prestación contributiva por desempleo, cuando se quedan sin trabajo. Sin embargo, lo que ya depende de cada situación es el tiempo durante el cual se puede cobrar esta ayuda.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha recordado en su perfil de la red social Twitter que la duración del paro depende de la cotización previa que el trabajador realizó en concepto de desempleo. En su página web, el organismo detalla esta explicación: «Se calcula teniendo en cuenta el tiempo de ocupación cotizado a desempleo durante los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que terminó la obligación de cotizar, o en su caso, desde el nacimiento del derecho a la prestación de desempleo anterior».

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El incremento de la cotización a la Seguridad Social de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 pactado recientemente entre el Gobierno y los sindicatos con el rechazo patronal, para costear parte del incremento de gasto que supondrán las jubilaciones de los nacidos en el baby boom, no solo afectará a los 16,35 millones de asalariados y a sus empleadores sino que también los 3,3 millones de trabajadores autónomos tendrán que abonar este aumento en su cuota.

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La Inspección de Trabajo ha detectado y sancionado más de 5.000 casos de fraude en la aplicación de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), la herramienta clave con la que el Gobierno ha amortiguado el impacto de la pandemia en el mercado laboral español y que llegó a cubrir a 3,5 millones de trabajadores en abril de 2020.

En concreto, según el organismo ha incoado 44.393 expedientes, de los que están ya finalizados 35.190 y han culminado con resultados sancionadores, por irregularidades de diferentes tipos,  5.832, según ha informado este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presentar la nueva estrategia de inspección para los próximos años .

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Las empresas pueden eliminar la compensación de comida en trabajos que sean a jornada partida y cuyos trabajadores presten sus servicios de manera telemática. La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia en la que señala que las empresas pueden eliminar la compensación a sus trabajadores en estas condiciones.

Desde el bufete de abogados Medina Morales recuerdan que las empresas que tengan establecida esta compensación para sus trabajadores lo hacen a través del servicio de comedor que tienen en sus centros de trabajo o en las inmediaciones de la oficina. De manera excepcional, estas empresas abonan en metálico estas cantidades a los trabajadores. No obstante, esta compensación, advierten, está pensada para trabajos presenciales.

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