Cuando una persona trabajadora, víctima de violencia de género, se ve obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, tiene derecho preferente a ocupar otro puesto  de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. Para ello, la empresa debe comunicar las vacantes existentes en ese momento o las que se puedan producir en el futuro.

La duración inicial de este traslado o cambio de centro es de 6 meses, durante los que la empresa está obligada a reservar el anterior puesto de trabajo. Una vez terminado este periodo, al trabajador afectado tiene la opción de regresar a dicho puesto o continuar en el nuevo, en cuyo caso decae la obligación de reserva.

Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a estos trabajadores que ejerciten su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación.

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