Más de la mitad de los autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad (paro de los autónomos) no la han recibido. Según datos recogidos por la Agencia EFE, en base a un análisis de cifras oficiales de los Servicios de Empleo, en 2017 se realizaron un total de 3.965 solicitudes, de las cuales sólo fueron aprobadas 1.710.

Por comunidades autónomas las que más solicitudes registraron fueron Andalucía (981); Madrid (673); Cataluña (394); Galicia (360) y la Comunidad Valenciana (427). De este ranking, las que más denegaciones tuvieron fueron también Andalucía (408); Madrid (305) y la Comunidad Valenciana (226).

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La trabajadora estaba liberada para la prestación de servicios de 18:00 a 19:00 con el objeto de poder acudir al curso de formación en horario de 15:00 a 20:00. Aunque el curso era voluntario estaba dirigido a obtener el certificado de profesionalidad necesario para el trabajo que venía realizando. Como consecuencia del accidente, la trabajadora inicia un proceso de IT por contingencia común. La trabajadora presenta demanda de determinación de contingencia en solicitud de que se declare que la situación de IT deriva de accidente de trabajo.

Frente a la sentencia desestimatoria del juzgado de lo social, la trabajadora recurre en suplicación.

El la sentencia del TSJ País Vasco de 23 de enero de 2018 considera que el supuesto no puede incluirse en el concepto legal de accidente de trabajo ni siquiera por la vía de la presunción legal.

Respecto de la consideración como accidente in itinere, señala que esta viene determinada por la finalidad laboral del desplazamiento. Tienen la consideración de accidentes laborales porque que de no haber tenido que ir a trabajar o volver del mismo, el accidente no se hubiera producido. Sin embargo, han de probarse todos los requisitos que su concepto exige: el teleológico, el topográfico, el cronológico temporal y el modal o mecánico. El elemento teleológico se refiere a que el desplazamiento tiene como finalidad exclusiva la laboral y que no se producen interrupciones o alteraciones por motivos extraños al trabajo.

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Los días no tienen horas suficientes para que Fátima Báñez (San Juan del Puerto, Huelva, 1967) pueda parar un momento. El título de su Ministerio, de Empleo y Seguridad Social, y un presupuesto de 150.000 millones de euros, entre todas las competencias, ya denota una agenda muy cargada, con una actividad frenética.

Báñez aprovecha el tiempo que le deja un Consejo de Ministros relativamente corto, como el del viernes pasado, para repasar los asuntos de su macrodepartamento en una entrevista que puede consultar completa en EXPANSIÓN.

«El contrato de formación atenderá a la demanda de las empresas»

¿Qué medidas concretas puede plantear el Ejecutivo en el Pacto de Toledo y con la patronal y los sindicatos, además de la ampliación voluntaria a toda la vida laboral del periodo de cotización para calcular la pensión?
La Comisión del Pacto de Toledo es un órgano colegiado que adopta sus recomendaciones de forma consensuada entre los grupos políticos. Y cuando nos las presente, las llevaremos al diálogo social para darles cumplimiento.

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Hoy vamos con un tema que, en el contexto de las muchas informaciones sobre la nueva ley de autónomos, ha pasado desapercibida, o lo que es más sospechoso, no se le ha dado la cobertura que merece. Nos referimos a los cambios sobre los plazos de solicitud para darse de alta en  autónomos en el Régimen Especial de la Seguridad Social.

Las reglas del juego han cambiado. Antes del 1 de enero de este 2018 los trámites para empezar a trabajar como autónomo pasaban por el alta en Hacienda para poder facturar y alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en un plazo de 30 días naturales desde el inicio de actividad.

Ahora cambias las tornas. Con la nueva ley, el autónomo debe darse de alta en Seguridad Social hasta 60 días antes de su alta en Hacienda e incluso simultáneamente en Seguridad Social y Hacienda. Para evitar embrollos aconsejamos esta última actuación permitida por la Administración.

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Uno de los grandes conflictos legales y tributarios de los últimos años está más cerca de llegar a su fin. El Tribunal Supremodecidirá si la prestación por maternidad que cobran las madres durante el tiempo que están de baja al tener un hijo está o no exenta en el IRPF. Una subvención que pueden compartir también con el padre. El Alto Tribunal admitió en enero a trámite el recurso de casación de la Abogacía del Estado.

El debate sobre si esta subvención tributa en el impuesto sobre la renta no es nuevo. La cuestión alcanzó su punto álgido cuando una sentencia de julio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a una contribuyente y estableció que laprestación por maternidad estaba exenta del IRPF. La decisión puso en alerta a Hacienda, que vio cómo se podía iniciar un proceso por el que miles de madres y padres solicitaran la devolución de lo tributado por la prestación de maternidad. La Agencia Tributaria se apresuró a señalar que la sentencia era un caso aislado y que su postura se mantenía firme. Para Hacienda, la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social tiene la consideración de rendimiento de trabajo y como tal está sujeta al impuesto sobre la renta. Meses después de la decisión del TSJ de Madrid, su homólogo de Andalucía avaló en una sentencia la postura de Hacienda. Así, ante dos casos análogos, distintos Tribunales Superiores de Justicia dictaron sentencias en sentido totalmente divergente. Le tocará al Supremo poner paz.

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