La sentencia emitida, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge la ampliación del derecho de la empleada pública a gozar de las semanas previstas por la Ley para el progenitor diferente a la madre.

Esta decisión judicial llega tras el recurso interpuesto por la interesada, funcionaria de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, contra una resolución que desestimaba esta concesión.

Esta cuestión había sido resuelta por el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 15 de octubre el pasado año en la que se reconocía el derecho de las familias monoparentales a gozar de los permisos de maternidad del otro progenitor, con el «interés superior del menor» como principal argumento.

Según el alto tribunal, «no resultan entendibles las razones por las que unos menores recién nacidos puedan recibir durante más tiempo la atención y los cuidados de alguno de sus progenitores, empleados públicos y otros no».

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La Ley General de la Seguridad Social señala como beneficiarios del complemento de maternidad por aportación demográfica a los jubilados que hayan tenido uno o más hijos y que estén en determinadas situaciones, una de ellas, que su retiro no haya sido voluntario. En un reciente caso resuelto por el Juzgado de lo social número 37 de Madrid, se ha aclarado que una jubilación anticipada no siempre significa que sea voluntaria y, por tanto, no cierra la puerta a acceder a este complemento. La resolución corrige así el criterio que siguieron el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al denegárselo.

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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha dado ya sus primeros pasos con respecto al nuevo registro de Jornada planteado por el Ministerio de Trabajo. Unas objeciones de la CEOE que incluyen la creación de un despido disciplinario a aquellos trabajadores que no rellenen el registro tal y como pida la empresa. Planteamiento «legalmente viable«, pero que supone una nueva obligación sancionable para los empleados.

Subida del SMI hasta los 1.184 euros. Reducción de jornada. Desconexión digital. E, incluso, un registro de jornada telemático que pueda ser comprobado por Inspección de Trabajo de forma inmediata.

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El Gobierno ha tomado la decisión, con el visto bueno de los sindicatos, pero no de las patronales, de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 en 50 euros, lo que eleva su cuantía un 4,41%, hasta los 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas (16.576 euros al año). Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una vez finalizada la que ha resultado la última mesa de negociación con los agentes sociales, pese a que la potestad de determinar el sueldo base recae exclusivamente sobre el Gobierno. De esta forma, el departamento que dirige Díaz, que ha capitaneado de nuevo las conversaciones, se ha decantado finalmente por el extremo más elevado de la horquilla que planteaba en su informe el comité de expertos para equiparar así el SMI con el 60% del salario medio.

“El diálogo social funciona en nuestro país, y damos un paso adelante dando una buena noticia a los trabajadores. Quiero agradecer a los agentes sociales su participación, también a la patronal, que esta vez ha presentado propuestas concretas pese a que no ha sido posible alcanzar un acuerdo a tres”, ha señalado Díaz.

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Choque total en el Gobierno por la reducción de jornada. Las diferencias internas entre los socios han ido escalando durante las últimas semanas y este miércoles han alcanzado un nuevo pico, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusando al Ministerio de Economía de bloquear la tramitación por la via de «urgencia» del anteproyecto ley y el ministro Carlos Cuerpo desminiento a su vicepresidenta.

La líder de Sumar ha concedido una entrevista este miércoles a primera hora en ‘Telecinco’ en la que ha acusado a su socio de Gobierno de impedir las gestiones para que el próximo Consejo de Ministros valide el anteproyecto de ley de reducción de jornada. Para que la norma avance, primero debe ser aprobada en el cónclave ministerial, para luego ser remitida al Congreso, negociada allí con los grupos parlamentarios y, si reúne las mayorías necesarias, entrar ya en vigor.

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