La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ofrecido a los autónomos recuperar para su ley de reducción de la jornada el paquete de 350 millones de euros en ayudas para aquellas microempresas que tengan que disminuir las horas a sus asalariados. El mismo, que puso sobre la mesa durante las negociaciones del diálogo social para el anteproyecto de ley, contemplaba subvenciones directas de hasta 6.000 euros por empresa de 5 empleados o menos.

La ministra de Trabajo ha vuelto a ofrecer este paquete de ayudas este lunes durante su intervención en la apertura del congreso de ATA, en el que será reelegido para un nuevo mandato su presidente, Lorenzo Amor. Díaz también ha criticado el actual funcionamiento de la prestación por cese de actividad, una suerte de ‘paro’ para los trabajadores por cuenta propia, y ha reclamado a su colega de la Seguridad Social, Elma Saiz, que reforme la normativa para ampliar la cobertura.

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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca ha reconocido a una trabajadora su derecho al permiso parental retribuido de ocho semanas, pendiente de trasponer de manera íntegra por parte del Estado Español.

La sentencia, ganada por los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es la primera firme en España por la que se reconoce el derecho a una trabajadora a disfrutar el permiso parental de ocho semanas retribuido.

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Un fallo reciente del Juzgado de lo Social número 37 de Madrid ha establecido un precedente al reconocer el derecho de un pensionista a percibir el complemento por maternidad, incluso cuando su jubilación fue anticipada. La resolución judicial se fundamenta en que la jubilación del trabajador no fue voluntaria, sino que fue producto de un despido objetivo dentro de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El caso se remonta a diciembre de 2014, cuando el demandante fue despedido. En marzo de 2016, comenzó a recibir su pensión de jubilación, pero no fue hasta 2023 que solicitó el reconocimiento del complemento por maternidad, un beneficio previsto en la Ley General de la Seguridad Social para jubilados que hayan tenido hijos y cuya jubilación no sea voluntaria. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó su solicitud, argumentando que su jubilación anticipada era una decisión personal. Ante esta negativa, el pensionista llevó el caso a los tribunales, donde finalmente obtuvo una resolución favorable.

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Los empresarios han activado la maquinaria para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados. Los contactos con los distintos grupos políticos ya se han iniciado y el objetivo último es convencerles de que voten en contra para que la medida no salga adelante. No obstante, fuentes de la CEOE admiten que el resultado de la negociación parlamentaria es en estos momentos una incógnita y que el Gobierno podría ganarse el voto decisivo de Junts a cambio de cesiones en otras materias, por lo que los esfuerzos se centran ahora en «amortiguar el daño» intentando, al menos, arrancar algunas flexibilizaciones sobre varios aspectos del texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

Más allá del recorte de la jornada legal sin merma salarial, a la patronal hay un tema que le preocupa aún más, si cabe, del acuerdo que acaba de validar el Consejo de Ministros y que aterrizará en cuestión de semanas en el Parlamento. Se trata del endurecimiento del registro horario, que el Ejecutivo quiere hacer obligatoriamente digital e interoperable por la Inspección de Trabajo. Es decir, que las empresas ya no puedan apuntar la jornada de sus trabajadores a papel y boli y que pasen a contar con un registro de horas digitalizado al que puedan tener acceso los inspectores en tiempo real de forma remota. Su incumplimiento, según está establecido en el anteproyecto de Ley, se multará con una sanción por cada trabajador -y no por empresa, como hasta ahora- que en su grado máximo podrá alcanzar los 10.000 euros.

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El Gobierno aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) el martes que viene. El Consejo de Ministros sellará el alza de 1.134 a 1.184 euros, un incremento del 4,4% rechazado por las patronales pero avalado por los sindicatos. Uno de los firmantes, UGT, ha publicado esta semana un estudio sobre reducción de jornada que también incluye información valiosa sobre las retribuciones: el sindicato detalla cuál es el salario base en más de 200 convenios, en sectores como la hostelería, el campo, la industria del metal o la limpieza de edificios. A partir de esa cifra se puede extraer cuánto subirá el salario para los trabajadores situados en la peor categoría de esos convenios.

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