El Gobierno ha corregido el fallo técnico que provocaba que los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), situado desde 2025 en los 16.576 euros anuales, tuvieran que tributar una parte de la subida en el IRPF. La fórmula escogida por el Ejecutivo ha sido la creación de una deducción de 340 euros que se aplica, sin distinguir entre el tramo estatal y el autonómico, a todos los contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores al nuevo suelo retributivo. Ello les permite recuperar al año siguiente, cuando se presenta la declaración de la renta, el mismo importe que previamente habían tributado en forma de retenciones. Pero hay más. El Ministerio de Hacienda también ha aprovechado para suavizar el IRPF en los tramos de renta inmediatamente superiores para limitar el golpe que provoca la anomalía del diseño del impuesto, que hacía que aquellos contribuyentes que se sitúan algo por encima del SMI tributaran a un tipo marginal superior al 90%. Con la reforma, el gravamen aplicado cae al entorno del 65%.

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Se permite aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en el régimen transitorio cuando la causa de no haberla aplicado con anterioridad a 1-1-2013 fue por una interpretación errónea pero razonable de la norma, que llevó al contribuyente a considerar que aún no podía aplicar la deducción por no haber sobrepasado la inversión realizada en otra vivienda habitual adquirida con anterioridad.

Para poder aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del ejercicio 2013, se exige que el contribuyente haya adquirido su vivienda habitual antes del 31-12-2012 y que se haya deducido, de forma efectiva, cantidades por ese concepto con anterioridad a dicho ejercicio. No obstante, cabe aplicar la deducción cuando la falta de aplicación derive de sobrepasar la inversión realizada en otra vivienda habitual, correspondiendo al Tribunal valorar la interpretación del contribuyente sobre el cálculo de la inversión efectuada en la anterior vivienda habitual y su incidencia en la excepción al requisito del ejercicio efectivo del derecho a la deducción en los ejercicios anteriores a 2013, a fin de determinar si el contribuyente efectuó una interpretación razonable de la norma atendiendo a las circunstancias concurrentes.

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