«Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria». Esa ha sido la primera valoración que este martes ha defendido la ministra Elma Saiz sobre el nuevo real decreto adoptado por el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estimado que 500 mil personas se verán beneficiadas por esta medida pactada entre el PSOE y Podemos.

«Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social», ha exclamado Saiz durante la rueda de prensa de esta martes, a la vez que ha afirmado que el plazo de solicitud para beneficiarse de esta medida se abrirá en abril y se alargará hasta finales de junio.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado un acuerdo de conciliación alcanzado tras el despido disciplinario de un trabajador de la empresa Cuor Hostelería S.L., al considerar acreditado que la extinción del contrato fue simulada con el objetivo de permitir el acceso indebido a prestaciones por desempleo y a su posterior capitalización.

La resolución dice, de forma expresa, que existió connivencia entre empresa y trabajador. En un pasaje literal especialmente relevante, la Sala afirma que “se simuló el despido para quedar aparentemente en desempleo y para conseguir las prestaciones a las que, de otro modo, no tenía obviamente derecho”.

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El Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente sobre los permisos por fallecimiento: “La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. Esos dos días —ampliables a cuatro si se requiere un desplazamiento— van sin apellido, no se especifica si son naturales, hábiles o laborales.

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Son muchas las etapas por las que puede pasar una empresa a lo largo de una vida laboral y los trabajadores deben estar preparados para asumir cambios sustanciales. Uno de los más importantes se puede producir en el caso de que haya un cambio de dueño. Una situación que se suele temer mucho, ya que presenta una serie de incertidumbres. ¿Me pueden despedir? ¿Pueden cambiar mis condiciones?

Todas estas cuestiones aparecen contempladas en el Estatuto de los Trabajadores. En su artículo 44, llamado ‘La sucesión de empresa’, la normativa recoge los derechos laborales que tienen los trabajadores en el caso de que se produzca un cambio en la cúpula de la compañía.

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