El Consejo de Ministros acordará hoy la tramitación urgente del real decreto con el que busca endurecer las obligaciones de las empresas en materia de registro horario, según avanzó el viernes la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Este será el primer paso para acortar los plazos hasta implantar el recuento digital de las horas de trabajo, que ha suscitado dudas en las empresas sobre la seguridad de sus datos, ya que estos tendrán que se accesibles para la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores.

Estos cambios fueron presentados por la vicepresidenta segunda como el plan b a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que fue frenada por el Congreso de los Diputados. Díaz quiere que el reglamento esté aprobado antes de que termine el año, por lo que ha impulsado los procedimientos que tiene que superar en el seno del Gobierno. No obstante, aún están por determinar algunos detalles de esta regulación, que tendrá que pasar en dos ocasiones por la reunión de los ministerios para entrar en vigor.

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El Tribunal Supremo (TS) impide a Hacienda que niegue a los contribuyentes la devolución de impuestos alegando la prescripción si así lo dicta una sentencia. La Corte carga contra el fisco por ignorar la resolución judicial, especialmente cuando el proceso penal contra el contribuyente fue iniciado por la propia Agencia Tributaria.

El fallo, del pasado 21 de julio del que fue ponente el magistrado Francisco Navarro Sanchís, establece que el plazo para reclamar a la Administración Triutaria la devolución de ingresos comienza cuando la persona tiene conocimiento de que no tenía que haber hecho ese pago al fisco, momento que llega con la sentencia penal absolutoria.

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La sonora derrota del Gobierno en el Congreso, con la caída de la ley para reducir la jornada laboral, supone un «punto y seguido» para el Ejecutivo. La suma de los votos de PP, Vox, Junts y UPN frenó la tramitación parlamentaria de la norma estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero en el Ministerio de Trabajo no solo avanzan que la retomarán, sino que han dado ya los primeros pasos para implementar una de las partes que decayó: la reforma del registro horario.

La obligación de que las empresas registren las jornadas de sus empleados fue una de las primeras medidas que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez, pocos meses después de llegar a La Moncloa y con Magdalena Valerio al frente de la cartera de Trabajo. Sin embargo, desde que Díaz tomó las riendas del Ministerio ha sido muy crítica con la norma, ya que es demasiado laxa, a su juicio, y permite tomar asientos a mano y que son fácilmente manipulables por las compañías.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determina que los trabajadores que disfrutan del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de los hijos menores de ocho años tienen derecho a generar o acumular vacaciones durante ese período. Es decir, la empresa no puede descontar días de vacaciones a los empleados que se cogen estos días para el cuidado de los hijos.

La sentencia, del pasado 5 de junio, confirma el fallo del Juzgado de lo Social número 28 de Madrid que ya concluyó en julio de 2024 que durante el tiempo que se disfruta el permiso los trabajadores tienen derecho a generar vacaciones.

El TSJM rechaza así el recurso de una empresa que concedió el permiso parental a una empleada que ya tenía reducción de jornada, pero que al dárselo luego le obligó a trabajar en varios días que no le correspondía por tener la jornada reducida. Además, el tribunal confirma la indemnización por daños y perjuicios de 3.700 euros por haber vulnerado su derecho a la conciliación laboral y familiar.

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Una madre trabajadora ha ganado una batalla en los tribunales. El Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña ha reconocido el derecho a teletrabajo de la empleada para cuidar de su hijo recién nacido, pese al rechazo de la empresa. La sentencia —del pasado mes de abril y no publicada en prensa— ha concedido a la progenitora una indemnización de 3.000 euros por la vulneración el derecho de conciliación.

Según los hechos probados de la sentencia (que puede consultar en este enlace), Milagros (nombre ficticio) presta servicios para una empresa de soporte técnico desde 2004. La empleada tiene un horario laboral nocturno que comienza a las siete de la tarde y termina pasadas las tres de la madrugada. Además, su marido también trabaja en la misma compañía y con la misma jornada. Un hecho que, según la trabajadora, impide cuadrar la agenda con el cuidado de su hijo.

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