La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se estrena esta año como un Organismo Autónomo, y por tanto, con líneas de actuación propias. Entre una de las primeras medidas que adoptará, es la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta oficina potenciará las inspecciones en esta materia, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

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Trabajo prepara un reglamento para actualizar las sanciones laborales y de Seguridad Social con la inflación desde 2008. La infracción muy grave en riesgos laborales puede superar los 900.000 euros.

El Gobierno quiere que los empresarios y, en su caso, los trabajadores, comprueben que transgredir la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social les puede salir muy caro. Y para disuadirles de cometer una infracción, el Ejecutivo está dispuesto a subir un 14,3% el importe de las sanciones. Es decir, lo que ha subido el Índice de Precios de Consumo (IPC) desde 2008 hasta el pasado mes de septiembre, porque la última vez que se actualizaron las cuantías de las sanciones fue en 2007.

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El plan presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros del martes y presentado ayer ante el Congreso de los Diputados es el más expansivo de la historia y goza de un marcado carácter social. Sin embargo, las cuentas contemplan la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI), después de que este haya experimentado un alza del 29% en solo dos años a cuenta de los actuales dirigentes del Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo monocolor de Pedro Sánchez lo incrementó un 22%, de los 733 a los 900 euros mensuales, en 2019, mientras que el Gobierno de coalición formado ya por PSOE y Unidas Podemos arrancó su mandato incrementando la cuantía este año de los 900 a los 950 euros en 14 pagas.

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El Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia conocida hoy que para determinar la base reguladora de la pensión de un trabajador que proceda de una jubilación parcial debe computarse el 100% de cotizaciones del periodo en el que ha trabajado de forma reducida por estar retirado parcialmente, esto es, como si durante ese tiempo hubiese trabajado a jornada completa.

El Alto Tribunal debía de determinar –en un recurso de casación para la unificación de doctrina– cuál debe ser la base reguladora de la pensión de jubilación de un trabajador, cuando ha venido precedida de la jubilación parcial del interesado, con la celebración simultánea de un contrato de relevo por parte de la empresa.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso de Alternativa Sindical Obrera y Confederación Territorial de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura de la Confederación Regional de Trabajo contra una conocida cadena textil. Los sindicatos reclamaban que la empresa había cambiado unilateralmente las condiciones laborales aprovechando la situación de pandemia. El TSJ ha desestimado la pretensión al considerar que las decisiones y medidas adoptadas estaban justificadas por razones de seguridad y salud.

Según el fallo (de 25 de junio de 2020, referencia 688/2020), la conocida cadena de tiendas de ropa, tras el cierre temporal de los centros educativos, instauró en un primer momento determinadas condiciones de flexibilidad para la atención de los hijos menores de su personal, y paulatinamente a la vista de como se desarrollaban los pedidos on line, otras medidas de seguridad y salud, y de organización del trabajo.

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