En los últimos años, los avances tecnológicos han multiplicado los conflictos en torno a los límites del control empresarial de los trabajadores. Sin ir más lejos, hace unos días, el Tribunal Supremo declaró válido que una compañía se sirviera de los datos del GPS del coche de empresa para justificar el despido de una empleada tras constatar que lo estaba utilizando para fines no permitidos. Según la sentencia, es lícito usar la información del geolocalizador siempre que se haya comunicado al trabajador su instalación.

El aumento del teletrabajo y el florecimiento de programas y herramientas para supervisar el desempeño a distancia hacen previsible la aparición de nuevos litigios como el descrito. La pregunta es, por tanto, qué sistemas son legítimos y cuáles vulneran los derechos laborales.

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A partir de este martes, cualquier teletrabajador ya puede pedir a su empresa que le dote de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo de su trabajo a distancia. Y es que ya se cumplían los 20 días para que entrara en vigor el RDL de trabajo a distancia. La norma trae consigo, además, la aparición de una nueva infracción en el Orden de lo Social, pues las empresas que no formalicen en el contrato de sus teletrabajadores el acuerdo de trabajo a distancia incurrirán en una infracción grave que puede acarrear una sanción que varía entre los 626 y los 6.250 euros. Bien es cierto, según los laboralistas consultados por eE, que esta sanción es improbable que se dé de forma inmediata, pues existen varios periodos transitorios para adaptarse a esta exigencia.

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El Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo alcanzado con las organizaciones empresariales y sindicales para prorrogar las condiciones especiales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero. Estas son las nuevas reglas que regirán esta herramienta los próximos cuatro meses:

¿Qué empresas pueden acogerse a uno de los ERTE con condiciones beneficiosas por la pandemia?javascript:false 

Las compañías que atraviesen dificultades económicas causadas por la pandemia podrán solicitar algún tipo de ERTE bonificado. Esto cubrirá a la inmensa mayoría de las empresas, si bien, dependiendo de si ya tienen un ERTE previo, del sector en el que desarrollen su actividad o del tipo de restricción por el que se vean afectados podrán acogerse a una modalidad u otra, con sus correspondientes exoneraciones que van entre el 50% y el 100% según los casos.

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Cuando la empresa despide a un trabajador por bajo rendimiento, está obligada a aportar los resultados de compañeros con cargos similares. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo (TS) en una reciente sentencia en la que declara improcedente el cese de un vendedor de libros que no llegó al límite de ventas fijado en su contrato al considerar que la compañía debería haber comparado sus datos con los de otros empleados.

Según recoge el fallo, el trabajador llevaba en la empresa desde 2012. En enero de 2016, se modificó su contrato de forma que se añadió una serie de cláusulas, entre ellas un pacto de rendimiento que le obligaba a conseguir un mínimo de venta neta de 6.000 euros mensuales. Asimismo, se establecía la posibilidad de despido en caso de que un mes no alcanzara al menos el 20% de esa cifra, o si durante dos meses no llegaba el mínimo. Apenas seis meses más tarde, la compañía cesó al empleado por incumplir este pacto.

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