El Servicio Público de Empleo (SEPE) aseguró este miércoles que ha detectado la práctica fraudulenta de ventas de citas previas para realizar gestiones en sus oficinas de la provincia de Barcelona y que lo “va a poner en conocimiento de la Fiscalía” para que sea investigado. La confirmación del SEPE llegó después de que el sindicato USO denunciara este miércoles que existía la venta de citas para acudir al SEPE por parte de “mafias” ante la dificultad de poder acceder a ellas por el colapso del sistema.

Este miércoles fue imposible conocer la versión de los Mossos d’Esquadra sobre si están ya investigando esta práctica fraudulenta. Marisa Pérez, delegada de USO en el SEPE, dijo que se han detectado ventas de citas por entre 40 y 90 euros en oficinas de Barcelona, Manresa, Pineda, Sabadell, Terrassa y Cerdanyola.

Pérez explicó que “operan con un programa informático que continuamente está solicitando citas al SEPE. En cuanto se libera una cita, la caza y luego la pone a la venta”.

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El Ministerio de Trabajo comenzó ayer la negociación con los agentes sociales de una nueva regulación de las políticas activas de empleo, que son aquellas de formación, orientación e inserción para parados y ocupados que quieren mejorar su empleabilidad. Estas políticas incluyen también los incentivos empresariales a la contratación y creación de empleo.

Así, la propuesta de real decreto entregada ayer a patronal y sindicatos y que ya ha sido negociada con las comunidades autónomas configura “los contenidos esenciales de los programas comunes de políticas activas de empleo”, que diseña el Estado pero que ejecutan los servicios de empleo regionales de las autonomías.

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El reducido presupuesto de la ayuda para autónomos de la Generalitat (limitada a 10.000 prestaciones) ha dejado a decenas de miles de trabajadores sin poder beneficiarse de esos recursos. Entre el colapso y la saturación de la plataforma informática, ayer se agotaron en pocas horas las prestaciones en medio de un cruce de reproches entre las conselleries de Polítiques Digitals (en manos de JxCat) y de Treball (ERC) por la gestión de las citadas ayudas.

El formato y la asignación de las prestaciones (por orden de petición) ha generado también una avalancha de críticas por parte de la oposición, que se suman a las que los sindicatos han realizado desde que se anunció el plan. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, forzó ayer una reunión telemática con el vicepresidente Pere Aragonès (Ecomomia), Chakir el Homrani (Treball) y Jordi Puigneró (Polítiques Digitals) en la que se acordaron cambios en el sistema de reparto pero sin concretar cuáles. Entre los que se barajan está aumentar el presupuesto, dar la ayuda vía desgravación fiscal o incluso hacer un sorteo entre las solicitudes recibidas durante un periodo de tiempo determinado.

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Cuando tras un divorcio se produce el cese del proindiviso de un inmueble y los pagos de las cuotas del préstamo hipotecario son abonados exclusivamente por uno de los cónyuges, éste puede aplicarse la deducción por adquisición de vivienda habitual al 100%, y no solo en la proporción que le corresponde en el préstamo. Y ello sin perjuicio de que, en caso de impago, el prestamista pueda reclamar contra cualquiera de quienes figuran como prestatarios.

Así lo ha dictado el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, en resolución 35123/2019 de 18 de diciembre de 2019, pero no conocida hasta ahora.

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que el Gobierno informará por carta a quienes tengan derecho a recibir el subsidio de 430 euros mensuales para trabajadores que estuviesen recibiendo prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros, entrará en vigor el jueves y el subsidio podrá solicitarse desde el día siguiente hasta el día 30 de este mes.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la titular de Trabajo ha indicado que el Ejecutivo actuará «de oficio» informando a las personas que cumplen los requisitos para la percepción de este subsidio, cuya cuantía será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 430 euros durante tres meses.

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