Wallapop, Blablacar, Delivero… Las conocidas como aplicaciones de economía colaborativa se han convertido en todo un fenómeno social en España. Un reciente estudio de la consultora EY refleja que un 55% de la población ha utilizado alguna vez una de estas plataformas online y un 66% tiene pensado hacerlo en el futuro. En vista de estas cifras y de la grave crisis económica que atraviesa el país a raíz del coronavirus, no son pocas las personas en paro que se plantean compartir su coche, alquilar su casa o vender un producto de segunda mano por internet para obtener unos ingresos extras a final de mes. La cuestión es si por ello corren el riesgo de perder la prestación por desempleo.

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado optimista ante la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y ha asegurado que en «breves días» habrá acuerdo para su prolongación más allá del 30 de septiembre.

En rueda de prensa este sábado tras reunirse con el secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, y el secretario general de CC OO de Cataluña, Javier Pacheco, Díaz ha destacado que el Ministerio de Trabajo ya ha iniciado «la negociación con los agentes sociales, tanto sindicatos como patronales».

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El Gobierno sigue sin ceder en la prorroga generalizada de los Ertes de fuerza mayor, actualmente en vigor hasta el 30 de septiembre. De momento, ha propuesto en la Mesa Tripartita que negocia la continuidad de los expedientes temporales de empleo que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo, según explican a elEconomista fuentes de la patronal.

Estas mismas fuentes apuntan que se podrían quedar fuera empresas del transporte de autobuses o aerolíneas cuyas rutas no fuesen necesariamente turísticas. Igualmente, señalan que de los 800.000 trabajadores que actualmente están hoy en Erte, la futura prórroga, según la propuesta del Gobierno, podría amparar a unos 120.000.

No obstante, la fuentes consultadas por este diario matizan que se trata de una posición de partida presentada por el Gobierno y que todavía queda mucho recorrido y que esta propuesta no ha sido planteada en un documento, sino en las conversaciones de la mesa.

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El trabajador autónomo cuando se da de alta primero debe informar a la Seguridad Social de a qué actividad se dedica. Esto lo debe hacer a través del código CNAE, esto es, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. En caso de cambiar de actividad, el autónomo tendrá que actualizarse también para que la Administración continúe sabiendo cuál es la profesión a la que se dedica el trabajador.

Cuando el autónomo es usuario del sistema RED, el cambio de CNAE debe realizarse a través del CASIA Sistema RED. Este sistema permite realizar trámites y comunicar errores e incidencias, aparte de conocer el estado de las solicitudes.

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La finalización del nuevo mecanismo europeo SURE para apoyar a los ERTE y otros modelos nacionales similares podría estar listo la semana que viene. Una portavoz de la Comisión Europea informó ayer que el Ejecutivo comunitario solo tiene que concluir un par de flecos, a lo que seguiría la aprobación de la norma para activar el mecanismo por parte de los Estados miembros en los próximos días. El Consejo, que agrupa a los Estados miembros, se espera que tome la decisión el próximo lunes, durante el encuentro de los ministros de Agricultura.

España recibirá 21.300 millones de euros, el segundo país tras Italia, con 27.400 millones de euros, mientras que Polonia es la tercera con 11.200 millones de euros.

Las cantidades adjudicadas a Italia, España y Polonia fueron reducidas ligeramente frente a lo que pidieron sus Gobiernos porque la Comisión estableció que los tres principales beneficiarios no podían recibir más de 60.000 millones de euros.

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