Los contribuyentes divorciados no pueden deducirse en la declaración de la renta los gastos de mantenimiento (luz, agua e internet) de la vivienda familiar en la que reside su exmujer e hijos, aunque se hubieran comprometido a pagarlos. La ley del IRPF solo permite restar la cuantía de la pensión compensatoria a favor del excónyuge y las anualidades por alimentos (salvo las pagadas a los hijos) fijadas por el juez. Así lo ha aclarado recientemente la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta (cuyo texto puede leer aquí) al contestar a un ciudadano que preguntó si podía incluir estos importes como gastos deducibles en el cálculo del impuesto ya que, conforme al convenio de divorcio, le correspondía a él pagarlos. Dicho acuerdo, explicó, pretendía liberar de cargas a su exmujer, que tiene reconocida una discapacidad del 65 por ciento.

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La campaña de la Renta 2022 comenzó el pasado martes. Desde el 11 de abril, los contribuyentes pueden consultar el borrador y presentar la declaración del IRPF. Eso sí, solo ‘online’. De manera presencial se podrá hacer a partir del 1 de junio y por teléfono, del 5 de mayo. Está previsto que esta campaña, que tiene pocas novedades respecto a las anteriores, se presenten casi 23 millones de declaraciones, un 3,4% más que en el ejercicio 2021. De ese total, se espera que 13,6 millones darán derecho a devolución (un 60% del total y el 2% menos que el año pasado) por un importe estimado de 9.946 millones de euros. Estos millones de ciudadanos a los que les sale a devolver se hacen la misma pregunta: ¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la Renta a los contribuyentes?

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Aprobada por el Congreso el pasado 15 de septiembre, publicada en el BOE el 29 y puesta en vigor el 19 de octubre, la ley ‘Crea y Crece’ supone un gran cambio para empresas y autónomos. Tal y como publican los medios de comunicación se pasará de casi 300 millones de facturas electrónicas en 2021 a cerca de 1.000 millones en 2025.

Con la nueva Ley 18/2022 de 28 de septiembre las empresas están obligadas a facturar electrónicamente a otras empresas o autónomos por la prestación de sus servicios. Esto es algo que ya sucede en el ámbito público con el envío de facturas electrónicas a la administración pública por parte de los proveedores desde 2015.

Para llevar a cabo la implantación de la facturación electrónica obligatoria, el Ejecutivo da dos plazos diferentes, a contar desde la aprobación de su desarrollo reglamentario: las empresas de menor tamaño, para las que puede suponer «un mayor esfuerzo», contarán con un periodo transitorio de dos años, mientras que las grandes, «con mayor músculo financiero», deberán encararla en una «primera etapa» de 12 meses.

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