Solo cuatro de las 15 comunidades de régimen común mantienen una presión fiscal alta en el impuesto de sucesiones de padres a hijos. La aprobación de rebajas por parte de Baleares y Canarias más el compromiso adquirido por parte de los gobiernos regionales de La Rioja y Valencia acrecienta las diferencias de tributación entre comunidades hasta niveles no vistos en España. La lista de fiscalidad alta en sucesiones, en la que se incluye a Asturias, Aragón, Catalunya y Castilla La Mancha, en realidad se podrá reducir a tres comunidades si finalmente el nuevo Gobierno aragonés cumple con lo prometido y bonifica el impuesto al 99%.

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Los trabajadores temporales en Ceuta o Melilla, sin necesidad de ser residentes habituales, podrán deducirse hasta el 50% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a las rentas obtenidas en una o las dos ciudades. Así lo resuelve el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución fechada a 24 de julio en la que unifica criterio.

El TEAC, en contra de la postura de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), señala que la finalidad de este beneficio fiscal que recoge la Ley del IRPF «no es solo, pues, la permanencia en las ciudades de Ceuta o Melilla, sino también compensar las desventajas de residir en dichos territorios». «No cabe, por tanto, en nuestra opinión, negar la condición de contribuyente con residencia habitual y efectiva en Ceuta o Melilla, a efectos de la deducción del artículo 68.4.1º de la LIRPF, a quien se desplaza temporalmente a dichos territorios por motivos laborales o de otra índole sin una particular vocación de permanencia o de arraigo en ellos. Basta, pues, para tener tal condición el hecho de ‘residir o morar como realidad material y efectiva’ en Ceuta o Melilla, entendida esta expresión como el mero vivir o residir temporalmente en dichos territorios con pernocta incluida», concluye el tribunal.

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Hasta agosto de 2023, se han registrado 2,988 convenios colectivos con efectos económicos, beneficiando a 9,3 millones de trabajadores para el año en curso. La mayoría de estos convenios aún son aquellos firmados en años anteriores con efectos económicos para 2023, con incrementos salariales más moderados, promediando un 3,08%. En contraste, los acuerdos suscritos en 2023 bajo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) son menos numerosos, pero presentan un aumento salarial medio más significativo, alcanzando un 4,25% y beneficiando al 26% de trabajadores con convenio. Por otro lado, en 2022, la variación media del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 8,4%, mientras que hasta agosto de 2023 se sitúa en un 3,7% de media, lo que representa una diferencia de 5 décimas en comparación con los nuevos convenios, según informa el servicio de estudios del sindicato CCOO.

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