La incorporación de los nuevos trabajadores en plantilla al plan de pensiones de la empresa deberá ser casi inmediata. Así lo recoge la modificación aprobada ayer en Consejo de Ministros que completa el desarrollo reglamentario de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, que impulsa de forma rotunda el ahorro previsión en el ámbito laboral. Ese ha sido el objetivo que ha perseguido el ministerio de José Luis Escrivá en la legislatura y que ha quedado apuntalado tan solo unos días antes de la celebración de las elecciones generales.

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El Gobierno ha aprobado los permisos para conciliar contemplados en la Ley de Familias y entre ellos está el de nacimiento. Así, establece que cualquier trabajador, sea hombre o mujer, que desee disfrutar de un tiempo en exclusiva para cuidar de un hijo o hija -o de un menor acogido de entre uno y ocho años- tendrá derecho a un permiso parental de 8 semanas, pudiéndose agotar este tiempo de una vez o en diferentes etapas y a tiempo parcial o completo.

Este permiso se implantará de forma gradual, teniendo una duración de seis semanas en 2023 y ya de ocho semanas a partir de 2024.

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Si un trabajador solicita un cambio de jornada u horario por razones de conciliación, la empresa está obligada a contestar. Ahora bien, esto no significa que deba aceptar puesto que puede alegar razones para rechazar la adaptación. Además, si la empleada es mujer, el rechazo no supondrá, necesariamente, un trato discriminatorio hacia ella por razón de sexo.

Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Supremo (cuyo texto puede consultar aquí) que, en contra del criterio del juzgador de la instancia anterior, considera que la denegación de la concreción horaria planteada por una trabajadora no constituye, por sí misma, un acto de discriminación.

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El Defensor del Pueblo investigará si la Seguridad Social está incurriendo o no en retrasos a la hora de remitir a las empresas los partes de baja médica de sus trabajadores enfermos. El Consell de Col•legis de Graduats Socials de Catalunya ha presentado ante la Síndica de Greuges de Catalunya sus quejas por, entre otros, cómo se está aplicando el nuevo protocolo de incapacidad temporal, en el que es la Administración quien asume la gestión del parte –en vez del trabajador- y se lo debe remitir a la empresa en un plazo máximo de tres días. Al ser una competencia estatal, la síndica lo ha elevado a su vez al Defensor del Pueblo, que por protocolo abrirá actuaciones y determinará si las mismas tienen causa o no.

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