El empleador puede revisar los mensajes de WhatsApp de sus móviles de empresa. Esta facultad no implica una lesión de los derechos fundamentales de sus empleados, usuarios de los dispositivos, siempre que haya informado previamente sobre su uso estrictamente profesional. En estos casos, las conversaciones no tienen carácter privado, según la justicia.

Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (cuyo texto puede consultar aquí), que declara improcedente el despido de una trabajadora efectuado tras una inspección de su móvil profesional. La improcedencia obedece a la falta de prueba de los hechos denunciados en la carta de despido, y obligará a la condenada a pagar una indemnización de poco más de 1.500 euros.

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El Tribunal Supremo ha estimado, en una reciente sentencia, el recurso de casación interpuesto por un padre que solicitaba a la Tesorería de la Seguridad Social un complemento por maternidad. La novedad de esta sentencia es que el solicitante lo ha hecho a través de una modalidad especial, esto es la tutela de derechos fundamentales.

Para la Sala, cuando un beneficiario de prestaciones de Seguridad Social considera que la resolución de la Entidad Gestora lo discrimina, sí puede canalizar su acción procesal a través de la modalidad de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.

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Las empresas que planeen cerrar un centro de trabajo y despedir 50 o más trabajadores tendrán que dar un aviso de seis meses de antelación a la autoridad laboral. Es el precepto publicado el pasado 11 de julio en el BOE en el Real Decreto 608/2023, en una disposición final que amplía la fase previa a la ejecución del despido en masa en este supuesto, que pasa de ser de 30 días a siete meses.

Ahora el pistoletazo de salida del proceso lo marca la notificación sincronizada a la Dirección General de Trabajo y a las organizaciones sindicales más representativas, o a las representativas del sector al que pertenezca la empresa, tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma, según sea el caso. En concreto, el texto en cuestión recoge que “las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de cincuenta o más personas trabajadoras, deberán notificarlo a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo”.

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