El juzgado de lo Social número 1 de Cuenca ha declarado accidente de trabajo la muerte por infarto de un camarero minutos después de recibir la carta de despido que le remitió su empresa a su casa, donde se encontraba de baja laboral.

Comisiones Obreras ha informado este lunes de que en sendas sentencias, que ya son firmes, se estiman las demandas presentadas por el sindicato en nombre de la viuda y de los dos menores huérfanos del fallecido, y declara que su muerte “vino causada por contingencia profesional (accidente de trabajo)” y no por la “contingencia común (enfermedad común)” inicialmente establecida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como determinante del fallecimiento.

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Trabajo quiere ampliar la cobertura del subsidio a menores de 45 sin cargas y que su cobro sea inmediato

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia 3 de noviembre de 2023, ha desestimado el recurso de una diseñadora gráfica de Decathlon, al considerar que no puede demostrarse que su cuadro ansioso depresivo esté exclusivamente causado con una situación de acoso y estrés laboral que, según la empleada, vivió en la oficina. 

Según señala la sentencia, la cuestión se centra en saber si el proceso de incapacidad temporal que la empleada inició es provocada por un accidente de trabajo o, si por el contrario, viene motivada de contingencia común. Esta última fue la postura del Instituto Nacional de la Seguridad Social, previamente dictado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), que concluyeron que la ansiedad y la depresión no estaban intrínsecamente relacionadas con el acoso que la trabajadora denunció haber sufrido. 

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El Gobierno de coalición no ha tardado ni una semana en poner en evidencia las profundas discrepancias entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo hace además en una materia tan sensible como los subsidios por desempleo. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa está negociando en Bruselas una reforma que no solo choca con los planes de la ministra de Trabajo para la nueva Legislatura, sino que supone una rectificación de buena parte de la hoja de ruta seguida por el Ejecutivo hasta ahora.

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La madre vio rechazada su solicitud porque la guardería en la que estaba matriculado su hijo no constaba en el listado de centros autorizados de educación infantil por el Principado de Asturias.

“Esta deducción por maternidad es de carácter estatal, no es una competencia de las comunidades autónomas como lo son los requisitos para ser centro autorizado, y en este caso se estaría quitando esa competencia estatal para ser autonómica”, detalla María Benito Calvo, letrada de la Asociación Gastos Guardería IRPF, que ha representado a la madre.

Además, la sala aclara que la Ley Orgánica de Educación (LOE) no menciona a las guarderías a la hora de establecer los diferentes niveles educativos. “Las guarderías no se consideran centros de educación, son centros de atención y cuidado infantil y, por tanto, no necesitan autorización de carácter educativo, sino que es la Administración local la competente en la autorización de su apertura y funcionamiento”, detalla la sentencia.

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