“La empresa no negoció con el trabajador tal como le obligaba el Estatuto de los Trabajadores”, subraya la sentencia.

“La intención de la compañía de hacer cambiar de ciudad al empleado no tenía un sentido práctico para el desarrollo de su trabajo”, afirma Avelina Barja Rodríguez, abogada defensora del trabajador.

Desde el inicio del confinamiento el trabajador residía en el domicilio familiar de Asturias. Y ahora su empresa quería trasladarle de nuevo al centro de trabajo en Barcelona. “Se había demostrado en este tiempo que podía realizar su labor perfectamente a través de esta modalidad de trabajo a distancia”, señala la letrada.

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Esta semana, la ampliación del Plan de Recuperación que el Gobierno presentó a Bruselas (la llamada adenda) obtuvo el aprobado de la Comisión sin que el apartado dedicado a los futuros cambios fiscales a los que el Gobierno se compromete haya variado ni en una coma. Sigue así en pie el plan de someter a una «revisión exhaustiva los beneficios fiscales» existentes en impuestos como el IRPF.

Y, si hay una deducción que acumula todas las opciones de reducirse o eliminarse (porque es así como cabe entender el eufemismo «revisión»), ésa es la tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta. ¿La causa?: el gran impacto que su supresión tendría en términos de aumento de recaudación, considerando que es el beneficio fiscal que en mayor medida reduce la base imponible del contribuyente.

Esta figura, a la que recurren las parejas en las que un cónyuge no trabaja o cuenta con un nivel de ingresos muy inferior, tiene un coste total (sumando al Estado y las autonomías) de cerca de 2.400 millones, según los datos de la Memoria de Beneficios Fiscales 2023, complementados con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

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La Seguridad Social asume la doctrina jurisprudencial y afirma que procede entender que las extinciones de contrato derivadas de un cierre “de facto” de la empresa se encuentran incluidas en los supuestos contemplados en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 207 de la LGSS regula la modalidad de acceso a la pensión de jubilación anticipada que deriva del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador, “permitiendo beneficiarse de la pensión de jubilación anticipada con unas condiciones más beneficiosas, en cuanto a los requisitos de edad y carencia exigidos, que en aquellos otros casos en los que anticipa la jubilación por voluntad del trabajador”, contempladas en el artículo 208 de ese texto.

Con el objetivo de evitar que se produjesen despidos de forma “meramente aparente, sin sustrato real y con la sola finalidad de posibilitar el acceso del trabajador a la jubilación anticipada prevista en el artículo 207”, este precepto establece que para acceder a la pensión de jubilación por causa no imputable al trabajador, el cese debe ser fruto de un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o de un despido por causas objetivas conforme al artículo 52 del mismo texto, que contempla la ineptitud del trabajador o la falta de adaptación del empleado a las modificaciones técnicas operadas en el puesto de trabajo.

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El TSXG falla que no puede ser causa de despido negarse a pasar de un contrato fijo a uno fijo discontinuo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha determinado que la negativa de un trabajador a aceptar la conversión de su contrato fijo continuo a uno fijo discontinuo sea un motivo válido para su despido.Leer la noticia completa – click aquí