El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de un trabajador, reconociendo su derecho a la extinción indemnizada del contrato porque la empleadora se retrasó de manera continua durante 17 meses en el pago del salario y, además, le debía el abono de dos mensualidades.

El Alto Tribunal ha reiterado doctrina para resolver el presente caso, calificando de gravedad la actuación de la empleadora condenada por incumplimiento empresarial. Por ello, declara extinguido la relación contractual de trabajo, reconociendo el derecho del trabajador a ser indemnizado con 37.310 euros.

En el presente litigio, el actor prestaba sus servicios para la empresa demandada desde el año 2012, dedicada a la actividad de la construcción, percibiendo su salario estipulado los cinco primeros días del mes siguiente a cada mes vencido. Sin embargo, desde diciembre de 2019 hasta abril de 2021 la empresa se retrasó todos los meses en el abono de los salarios del actor. Es más, la empleadora adeuda al actor las mensualidades completas de mayo y junio de 2021, tres días de julio de 2021 y un día de agosto de 2021, esta última fecha coincide con el momento en el que el actor se encuentra afectado por un ERTE.

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El Ministerio pide entre los requisitos contar con al menos cinco años de experiencia en el sector y aún no concreta cuál será la remuneración, pero el cargo será compatible con la actividad privada si no hay conflicto de intereses

Los candidatos tienen hasta el 27 octubre para enviar su solicitud y el mandato durará un máximo de seis años

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Son más de nueve millones los pensionistas que en nuestro país reciben una de las más de diez millones de pensiones contributivas que la Seguridad Social abona mensualmente. Todas estas personas, o la gran mayoría, tienen en la pensión su fuente principal de ingresos, por lo que esperan con atención cuál es el día de cobro.

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El juzgado de lo Social número 2 de Lleida ha condenado a una empresa del sector de la construcción y el transporte a readmitir y abonar los salarios atrasados a un camionero, que trabajaba en un pueblo de Lleida, al que despidió después de que explicara que iba a ser padre y se interesara por los trámites necesarios para acogerse a la baja de paternidad.

Fue despedido en marzo. El mismo día que anunció que sería padre recibió la carta de despido por causas disciplinarias con la indemnización correspondiente. Después presentó una demanda contra la empresa al considerar que el despido debía ser declarado nulo por discriminatorio debido al disfrute de la prestación de paternidad o como mínimo improcedente, como reconoció la empresa, ha avanzado Segre.

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Los tribunales fallan en contra de los trabajadores que se piden la reducción de jornada para el cuidado de un hijo con el único objetivo de blindarse de un despido. Y ya ha habido varias sentencias al respecto. El último fallo llegó de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 8 de junio, aunque ya dictó uno similar en 2019. La sentencia, ponencia de la magistrada Gloria Poyatos, señala que el empleado usó el «aparente ejercicio de un derecho de conciliación familiar y laboral, a los solos efectos de blindarse frente a la decisión empresarial impugnada, ya conocida por el operario». A juicio del TSJC, el trabajador actuó de forma «fraudulenta».

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