La trabajadora fue despedida junto a otras compañeras. La particularidad del caso de la demandante radica en que su despido fue declarado nulo por ser un acto de discriminación directa por embarazo, en contraposición a los despidos improcedentes de sus compañeras.

“La causa de discriminación radica en que mientras las trabajadoras despedidas improcedentemente pudieron obtener los salarios de tramitación que la empresa insolvente no había pagado, la trabajadora embarazada, que debería estar especialmente protegida, vio denegada la petición y la colocó en una situación peor que al resto de compañeras”, afirma José Antonio González Espada, abogado laboralista del Colectivo Ronda.

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La negociación que el Gobierno mantiene con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sobre un nuevo convenio marco de colaboración a nivel nacional para aumentar la presencia de las entidades en el tratamiento de las bajas laborales de carácter traumatológico tiene como elemento consustancial el alivio de unas arcas públicas cada vez más tensionadas por el aumento exponencial del coste de la cobertura de la incapacidad temporal. Una partida presupuestaria, que en el último lustro casi se ha duplicado, hasta alcanzar los 13.800 millones de euros previstos en la ejecución de las cuentas de 2023.

Sin embargo, desde el sector advierten de que el planteamiento inicial trasladado desde el gabinete dirigido por la ministra Elma Saiz podría quedarse corto en el objetivo principal de aliviar parte de la carga que soportan en este momento los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas propiciando al tiempo una reducción de los tiempos de tratamiento de las patologías.

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El mandato del art. 39.2 del Estatuto de los Trabajadores permite que el trabajador reclame el ascenso si desempeña funciones de categoría superior por un periodo de más de seis meses en un año u ocho meses durante dos años, pero el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, aclara que a lo que se debe atender es a la actividad efectiva desplegada, dejando al margen lapsos de tiempo en los que no se está trabajando y que interferirían indebidamente para el fin que persigue el legislador a la hora de marcar las reglas para poder ascender a una categoría superior por esta vía.

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Los responsables del Ministerio de Trabajo han trasladado este viernes a los sindicatos y la patronal algunos cambios que pretenden incluir en la nueva reforma del subsidio por desempleo que debe reemplazar al fallido decreto que tumbó la oposición junto con Podemos en el Parlamento. En primer lugar, el Gobierno ha informado de que dicha reforma se abordará a través de un proyecto de ley, que se negociará primero con los agentes sociales y luego con los grupos parlamentarios.

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Nunca antes se habían producido en España tantos despidos de trabajadores por no superar el periodo de prueba como los registrados en los dos últimos años tras la aprobación de la reforma laboral. Concretamente, mientras que en el conjunto de 2021 se contabilizaron un total de 26.397 ceses de contrato durante este periodo de adaptación, sólo dos años después desde que echó a andar la medida estrella del Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura estos despidos se han incrementado en un 79,6%, hasta sumarse un total de 47.432 en el pasado ejercicio.

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