El Gobierno efectuará la subida de sueldo a los funcionarios comprometida para 2024 antes de la aprobación de los Presupuestos Generales. De forma ordinaria, los más de tres millones y medio de empleados públicos dependientes de la Administración deberían esperar a la aprobación de las Cuentas, donde se recoge la actualización retributiva de las nóminas dependientes del Estado en todos sus niveles y también empresas públicas, para recibir este incremento salarial fijado en el 2%, pero tal y como ha confirmado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, esta vez la revalorización seguirá un cauce distinto.

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“Teletrabajo”, “registro horario”, “desconexión digital”, “conciliación”, “ERTE”. Son conceptos que podrían sonar a chino para cualquier trabajador hace algunos años, sin embargo, en la actualidad forman parte indisoluble de la cultura laboral española. Este jueves, 14 de marzo, se cumplen cuatro años de la declaración del estado de alarma, la llegada oficial de la pandemia que lo puso todo patas arriba. La efeméride, idónea para hacer balance, da pie a preguntar cómo han cambiado nuestros derechos como trabajadores desde que el virus transformó nuestras vidas.

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El mes de febrero ha cerrado con una noticia alentadora para el sector autónomo en España. Según datos de la Seguridad Social, se ha registrado un crecimiento récord de 10.097 nuevos autónomos, lo que representa un promedio diario de 348 incorporaciones a lo largo del mes. Este hito marca el mejor dato en los últimos seis años, triplicando el registrado en el mismo período de 2023.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha experimentado un crecimiento significativo en el último año, sumando un total de 26.465 nuevos autónomos. Destacando la contribución femenina, Lorenzo Amor, presidente de ATA, señala que las mujeres han liderado este crecimiento, sumando 19.300 nuevos cotizantes, frente a los 7.165 nuevos cotizantes varones.

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El pasado 18 de enero conocíamos una novedosa sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual, la incapacidad permanente de un trabajador no puede ser causa de extinción automática de un contrato laboral. 

Esta causa de extinción de la relación laboral, sin embargo, estaba reconocida hasta el momento en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, con la salvedad de que “dicha situación tenga una previsión de mejoría en el plazo de dos años”.

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El Tribunal Supremo ha estimado que los convenios colectivos se deben aplicar a todos los trabajadores de una empresa, aunque su categoría profesional no esté recogida.

De esta manera se anula el fallo del juzgado de lo Social de Lugo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y se estima la demanda de una trabajadora que realizaba labores de peón en el Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) del Concello de Viveiro en Lugo, y que reclamaba la diferencia salarial entre su sueldo y el de una limpiadora, correspondiente al salario mínimo reconocido en el convenio.

En este recurso de casación para la unificación de doctrina, el tribunal señala que “lo que no cabe es que, por no figurar en el convenio colectivo la categoría asignada al trabajador, la entidad empleadora deje de aplicar a ese trabajador un convenio colectivo que está constitucional y legalmente obligada a aplicarle”.

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