El Gobierno negocia con cerca de 70.000 mutualistas de la abogacía y procuradores para buscar un arreglo a una situación compleja por la que estos trabajadores autónomos alternativos, que cotizan a su mutualidad en lugar de a la Seguridad Social, tienen un horizonte de jubilación con pensiones sustancialmente más bajas que la media de los beneficiarios del régimen general pero también que los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial (RETA).

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