Los detectives privados no pueden investigar a sus objetivos en sus domicilios particulares. Sin embargo, una sentencia acaba de exceptuar de esta regla las partes exteriores de las viviendas, como las azoteas, cuando los hechos inspeccionados puedan observarse desde la calle.

Así se desprende de un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias (cuyo texto puede consultar aquí), que declara lícito el informe de un detective que vigiló, exclusivamente, la azotea de la casa de un trabajador que estaba de baja. El tribunal concluye que los hechos informados eran fácilmente visibles desde el exterior y, por ello, no resultó afectada la intimidad del vigilado. El informe sirvió para que su empresa lo despidiera, pues fue sorprendido realizando trabajos de albañilería durante una baja médica.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma la sentencia nº 142/2023, de 28 de noviembre, del Juzgado de lo Social único de Eibar que reconoció el derecho de un trabajador a recibir una indemnización adicional de 30.000 euros por daños y prejucios, además de la compensación económica por despido improcedente de 493,49 euros. 

La sentencia resuelve el caso de un trabajador que cesó de un empleo indefinido en la empresa Roda Iruna, S.A. para comenzar una nueva etapa laboral como técnico de personal del ayuntamiento de Oñati, que le prometió un contrato de al menos un año y máximo hasta tres. Sin embargo, al mes extinguieron su contrato de forma verbal argumentando un error en la contratación, lo que conforme a la normativa nacional supone una indemnización tasada en 493,49 euros. Compensación que el trabajador consideró insuficiente para la reparación de los daños y prejuicios.

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Para la Sala de lo Social es relevante que el SEPE reconoce la prestación de desempleo hasta el 70% de reducción de jornada a pesar de que la reducción de jornada superaba el máximo del 70%, como también lo es que la reducción de jornada del 75% no fue exactamente una decisión del trabajador o de un acuerdo de este con la empresa, sino que fue acordada por esta y la representación de los trabajadores en el periodo de consultas del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y así fue comunicada a la autoridad laboral el 1 de abril de 2020.

Ante esta situación, el Supremo resuelve aplicando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018 (caso Cakarevic v. Croacia) en la que se dictaminó que se vulnera el derecho al disfrute pacífico de los bienes cuando se ordena reintegrar prestaciones por desempleo que las autoridades consideran posteriormente indebidamente percibidas porque fueron abonadas por error por la autoridad competente.

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El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para una nueva reforma de los subsidios de paro. Es decir, aquellas ayudas que perciben los desempleados que ya han agotado su prestación y que actualmente cubre a más de 800.000 personas. Tras fracasar en su primer intento de convalidar una batería de cambios que, entre otros, pretendían sumar al sistema de ayudas a otros 400.000 desempleados actualmente sin protección, ahora Yolanda Díaz ha mejorado su propuesta y busca apuntalarla parlamentariamente con el apoyo de las centrales.

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